Este lunes, en la ciudad de Málaga, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha inaugurado el IV Congreso Nacional de Vivienda, organizado por la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE). Durante su intervención, Rodríguez destacó la implementación de una línea de préstamos y avales por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a promotores públicos y privados que, con un presupuesto total de 6.000 millones de euros, ya ha puesto en estudio más de 57 proyectos valorados en 1.400 millones de euros para la construcción de casi 17.000 viviendas.
Los préstamos ICO, bajo el nombre de «Facilidad para la promoción de vivienda social», cuentan con una financiación de 4.000 millones de euros dirigida a proyectos que incrementen el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, con un enfoque en la eficiencia energética. Estos fondos, provenientes de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también incluyen la financiación para la compra de suelo o edificios.
El acuerdo, firmado con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, estipula que la financiación de las operaciones iniciadas desde el 1 de enero de 2022 debe cumplir con las condiciones establecidas para el acceso al préstamo. Los interesados deberán solicitar estos préstamos antes del 1 de junio de 2026 y formalizarlos antes del 31 de agosto de 2026.
La financiación se gestionará a través de dos vías: directamente por el ICO, que movilizará 2.000 millones de euros iniciales, y por las entidades financieras, que movilizarán otros 2.000 millones de euros. La elección del método dependerá de la demanda. En el caso de que sea el ICO quien otorgue el préstamo, se verificará el cumplimiento de los requisitos y se evaluará el riesgo de la operación. Si son las entidades financieras las que conceden el préstamo, estas analizarán el riesgo conforme a sus políticas y el ICO transferirá el importe a la entidad para que proceda a otorgar el préstamo al promotor.
Las viviendas construidas con estos fondos deberán destinarse al alquiler social o asequible por un mínimo de 50 años. Los plazos para la finalización de los proyectos varían: el Programa para la construcción del Plan de Recuperación debe estar terminado antes del 30 de junio de 2026, las construcciones en suelos urbanizados dentro de cuatro años con posibilidad de prórroga de dos años, en suelos no urbanizados en ocho años con una posible prórroga de cuatro años, y las rehabilitaciones dentro de cuatro años con posibilidad de prórroga de dos. Los proyectos deben cumplir con requisitos climáticos, asegurando que los edificios nuevos consuman un 20% menos de energía primaria comparado con los estándares nacionales y que los rehabilitados reduzcan el consumo energético no renovable en al menos un 30%.
Además, el Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre de 2023, la creación de una línea de avales para la cobertura de la financiación, incrementando el parque de vivienda en alquiler social o asequible. Estos avales, gestionados por el ICO, cubren hasta el 50% del préstamo y son automáticos y gratuitos una vez concedido el préstamo. Tienen la misma vigencia que el tiempo de amortización del préstamo, o un máximo de 30 años.
Por otro lado, la ministra Rodríguez anunció en abril, tras una reunión del presidente del Gobierno con representantes del sector, que se actualizará la Orden ECO/805/2003 para agilizar la gestión urbanística y adaptarla a nuevas técnicas constructivas y factores de sostenibilidad. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa abrió una audiencia pública el 6 de septiembre para recoger opiniones sobre estas modificaciones, que buscan reducir costos y tiempos en la ejecución de obras, alinear la normativa con las tendencias actuales del sector.
