Una reciente divulgación de un memo interno de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha revelado que el 30% de las torres de cámaras del programa «Remote Video Surveillance System» (RVSS) están fuera de servicio. Este informe destaca múltiples problemas técnicos que afectan a aproximadamente 150 torres repartidas a lo largo de la frontera. Sorprendentemente, los líderes del Congreso han manifestado su asombro y han instado al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a proporcionar explicaciones sobre esta situación.
Durante décadas, se ha criticado la vigilancia en la frontera entre Estados Unidos y México, acusándola de ser un esfuerzo costoso sin una clara definición del problema que busca resolver. A pesar de un consenso bipartidista sobre la ineficacia de estas estrategias, se observa una constante competencia por aumentar el financiamiento para iniciativas que reiteradamente fallan. Los informes de supervisión han subrayado las deficiencias de estas torres desde mediados de la década de 2000, planteando la pregunta de por qué no se han resuelto estos problemas en los últimos veinticinco años.
Una posible explicación es que estas cámaras actúan más como un espectáculo político, captando la atención pública inicialmente, pero su eficacia se desvanece con el tiempo. Las comunidades fronterizas, mientras tanto, se ven utilizadas como un campo de pruebas para empresas tecnológicas que buscan lucrar con amenazas de seguridad nacional posiblemente exageradas.
La narrativa de las torres de vigilancia en la frontera sigue un ciclo repetitivo. La Patrulla Fronteriza implementa programas con nombres llamativos, pero al pasar los años, los organismos de supervisión concluyen que el resultado es un desastre. En lugar de abandonar estos proyectos, los responsables de seguridad fronteriza los renuevan sin solucionar los problemas originales. Desde el Integrated Surveillance Intelligence System (ISIS) en los años 90 hasta proyectos posteriores como el Secure Border Initiative (SBI), este patrón se ha repetido con frecuencia, con cada nueva sigla ocultando un historial de fracasos.
A pesar de las críticas bipartidistas y los informes de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que destacan la falta de efectividad y las irregularidades en la gestión de contratos, Washington continúa apoyando estas tecnologías de vigilancia. Es probable que, en lugar de abordar la situación con enfoques más humanitarios o mediante reformas de política exterior, se prefiera presentar el asunto como una «invasión» que justifique respuestas militares. Además, las empresas tecnológicas y contratistas militares ejercen una considerable influencia y están posicionadas para obtener enormes beneficios, a expensas de los contribuyentes y las libertades civiles de las comunidades fronterizas.
La persistencia de esta problemática, con el derroche de miles de millones de dólares en tecnologías ineficaces, no parece cambiar en el horizonte próximo, perpetuando una historia de fracasos en el enfoque actual.
