La lucha por la autodeterminación tecnológica está cobrando un protagonismo significativo en el marco de los avances en tecnologías de asistencia, representando un aspecto crucial para los derechos de las personas con discapacidades. Este concepto se refiere al derecho de cada individuo a decidir qué tecnologías usar y cómo aplicarlas, algo fundamental para todas las personas pero especialmente para aquellas con discapacidades que dependen de estas herramientas para llevar una vida plena y satisfactoria.
Las tecnologías de asistencia han sido diseñadas para facilitar la inclusión y participación activa de las personas con discapacidades, quienes se destacan como algunos de los usuarios más avanzados y comprometidos en el uso de tecnología. El principio de «Nada sobre nosotros sin nosotros» resalta la importancia de que estas personas participen en el diseño y adaptación de las tecnologías que utilizan. Sin embargo, su autodeterminación no debería limitarse al diseño, sino también extenderse al derecho a modificar y personalizar la tecnología de acuerdo a sus necesidades individuales.
A pesar de los avances, muchas empresas tecnológicas dificultan estas personalizaciones mediante barreras significativas. La gestión de derechos digitales (DRM) es un ejemplo de cómo las empresas, mientras que incorporan características de accesibilidad, imponen fuertes restricciones en las modificaciones y personalizaciones tecnológicas. Esta situación se refleja claramente en las extensiones de medios encriptados (EME) utilizadas en servicios de streaming de video, donde cualquier intento de modificación puede resultar en sanciones severas bajo la Ley de Derechos de Autor Digitales de Milenio (DMCA).
El problema también se extiende al hardware esencial, como las sillas de ruedas motorizadas, donde los usuarios están restringidos a realizar reparaciones únicamente a través de proveedores autorizados, generando largas esperas y limitaciones innecesarias en su movilidad. En 2022, Colorado abordó este problema al convertirse en el primer estado en promulgar una ley de derecho a reparar para estos dispositivos, esperándose que otros estados sigan esta iniciativa.
El impacto de las restricciones tecnológicas no se limita a dispositivos externos, sino que también se observa en implantes médicos, como los monitores de glucosa continuos o las bombas de insulina, donde la dependencia a un solo proveedor para mantenimiento y actualizaciones incrementa sustancialmente los costos para los pacientes.
Este movimiento hacia la autodeterminación tecnológica resalta no solo como un derecho de las personas con discapacidades, sino como un derecho universal, ya que muchos de los avances en accesibilidad tienen el potencial de beneficiar a un público mucho más amplio. Mejoras que afectan positivamente desde padres con carritos hasta viajeros con equipaje, evidencian cómo la lucha por el derecho a modificar y personalizar la tecnología es en realidad una lucha por los derechos de todos.
Por lo tanto, es crucial que las tecnologías de asistencia sean diseñadas teniendo en cuenta que los usuarios deben tener control sobre ellas, fomentando así un futuro más inclusivo y accesible para todos.
