La Electronic Frontier Foundation (EFF), en colaboración con la ACLU y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, ha presentado un segundo amicus brief ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los EE. UU. Este documento busca convencer a la corte de que las búsquedas de dispositivos electrónicos en la frontera deben requerir una orden de registro, un argumento respaldado por EFF durante casi diez años en diferentes tribunales y en el Congreso.
El caso en cuestión, U.S. v. Smith, comenzó cuando un viajero fue detenido en el aeropuerto de Newark tras regresar de Jamaica. Bajo la supervisión del FBI, su teléfono móvil fue sometido a un análisis forense. Este individuo estaba bajo sospecha por su implicación en una conspiración relacionada con servicios de mitigación de emergencias en Nueva York, que incluía fraude y extorsión. A pesar de ser procesado, intentó que las pruebas obtenidas de su teléfono fueran inadmisibles.
El año anterior, un tribunal de distrito había sentado un precedente al decidir que las búsquedas de teléfonos móviles en la frontera exigían una orden judicial, calificando las búsquedas sin orden como una violación de la Cuarta Enmienda. Sin embargo, permitió el uso de pruebas en el juicio contra Smith, ya que los oficiales actuaron con una «creencia de buena fe» sobre la legalidad de sus acciones.
La frecuencia de búsquedas sin orden de dispositivos electrónicos en la frontera está en auge. En el año fiscal 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. realizó más de 41,000 de estas búsquedas. La Corte Suprema históricamente ha permitido búsquedas en la frontera sin orden y, a menudo, sin sospechas.
Tradicionalmente, la excepción se justificaba para la detección de bienes contrabandeados y la prohibición de su entrada. El brief de la EFF sugiere que el test de balanceo del caso Riley v. California debería aplicarse, donde se evalúan los intereses gubernamentales frente a los derechos de privacidad en teléfonos móviles.
Los dispositivos modernos almacenan gran cantidad de datos personales, similares a los analizados en Riley. Se argumenta que las búsquedas digitales en la frontera deben ser analizadas en función de su alineación con la excepcionalidad de la búsqueda. El gobierno tiene un interés débil en acceder sin restricciones a dispositivos electrónicos, siendo que el contrabando físico no reside en datos digitales. Además, el contrabando digital dentro de los dispositivos es posible que ya se encuentre en servidores del país, haciendo ineficaces y redundantes tales búsquedas sin orden.
El documento propone que si el Segundo Circuito no establece una orden como requisito, las búsquedas deberían justificarse bajo sospecha razonable de contrabando digital. Asimismo, señala que otros tribunales en el circuito han exigido órdenes para estos registros en la frontera.
Se hace un llamado al tribunal para que proteja los derechos de los viajeros bajo la Cuarta Enmienda en este contexto, asegurando que las búsquedas indiscriminadas de dispositivos electrónicos no socaven la privacidad individual.
