Más de cinco millones de hogares en España enfrentan serias dificultades para mantener una temperatura adecuada durante el invierno, según revela la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este preocupante dato representa el 27,5% del total de hogares en el país y pone de manifiesto el agravamiento de la pobreza energética, un fenómeno con serias implicaciones para la salud de las personas más vulnerables.
La encuesta señala que la Región de Murcia encabeza la lista de comunidades autónomas más afectadas, con un 40,1% de los hogares enfrentando problemas de calefacción. Le siguen Andalucía con un 34,9% y Extremadura con un 34,4%. Un factor determinante en esta crisis energética es la antigüedad del parque de viviendas: un alarmante 54% de los edificios españoles se erigieron antes de 1980, cuando las medidas de aislamiento térmico eran prácticamente inexistentes.
Miguel Ángel Gallardo, Director de la Unidad de Negocio de ROCKWOOL Peninsular, subraya la urgencia de mejorar el aislamiento térmico en las viviendas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos afectados por la pobreza energética. Gallardo enfatiza que, al invertir en mejoras de aislamiento, también se debe considerar la protección contra incendios, asegurando así un confort y una seguridad óptimos.
ROCKWOOL Peninsular ofrece la lana de roca como una solución eficaz a esta problemática. Este material está basado en roca volcánica y proporciona un aislamiento térmico superior, además de ser un recurso sostenible y reciclable de manera indefinida. Dirigido a reducir el consumo energético al disminuir la necesidad de calefacción, la lana de roca también ofrece ventajas como la protección contra incendios, la reducción del ruido externo y una durabilidad consolidada.
En este contexto, la implementación de soluciones de aislamiento como la lana de roca no solo promete mejorar la calidad de vida de los españoles, sino que además contribuye a los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética establecidos en la Agenda 2030. Ante estos retos, se hace patente la necesidad de una acción coordinada que involucre tanto a las administraciones públicas como al sector privado para mitigar los efectos de esta lacra que es la pobreza energética.
