La Asamblea General de la ONU se prepara para votar esta semana sobre un controvertido Tratado sobre Cibercrimen que ha generado una significativa preocupación entre organizaciones de derechos humanos y expertos en ciberseguridad. A pesar de las advertencias sobre el potencial impacto negativo en los derechos fundamentales, se prevé que la mayoría de los Estados miembros, incluidos los Estados Unidos, apoyen su adopción.
Desde hace años, entidades como la Electronic Frontier Foundation (EFF) han levantado la voz señalando que el tratado otorga a los gobiernos la capacidad de recolectar evidencias con poca o ninguna restricción, lo que podría llevar a abusos por parte de estados que ya cuentan con antecedentes problemáticos en materia de derechos humanos. El borrador final, que recibió la aprobación unánime de más de 100 países en agosto, permite prácticas de vigilancia intrusivas bajo el argumento de facilitar la cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen.
Sin embargo, este marco ha sido criticado por su falta de alineación con los estándares internacionales de derechos humanos. Las salvaguardias necesarias para proteger esos derechos quedan a discreción de los Estados miembros, lo que genera un gran riesgo dada la variabilidad en la protección de los derechos en diferentes jurisdicciones. Algunos países podrían aprovechar el tratado para implementar políticas de represión, afectando especialmente a defensores de derechos humanos y a aquellos que luchan contra la corrupción.
Reconociendo las preocupaciones, Estados Unidos ha manifestado su intención de respaldar el tratado, aunque su representante ante el Consejo Económico y Social admitió que el país comparte las inquietudes expresadas por la sociedad civil y la industria tecnológica. Sin embargo, este respaldo plantea dudas sobre la efectividad real del tratado para proteger los derechos humanos, especialmente ante la falta de mecanismos de supervisión.
A nivel interno, queda la incertidumbre sobre cómo se abordará este tratado con posibles cambios políticos en el futuro, lo que podría afectar su ratificación y la implementación de sus disposiciones. Mientras tanto, se hace un llamado a los Estados a rechazar e impedir la ratificación del tratado debido a sus implicaciones preocupantes para los derechos humanos a nivel global. La amplia flexibilidad otorgada a los gobiernos en la aplicación de este tratado podría resultar en un alto costo para millones de ciudadanos alrededor del mundo, muchos de los cuales verían amenazada su libertad de expresión y privacidad.
