Las autoridades venezolanas enfrentan un creciente llamado a garantizar los derechos humanos fundamentales, en especial el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal de todos los ciudadanos. Este pronunciamiento fue realizado por la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela en un comunicado emitido este jueves, destacando la urgente necesidad de liberar a todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria. El contexto de este reclamo se intensifica con la inminente reelección de Nicolás Maduro, quien asumirá nuevamente la presidencia el próximo 10 de enero, tras unos comicios celebrados el 28 de julio cuya legitimidad ha sido cuestionada por la oposición.
La Misión subrayó la importancia de que el gobierno respete el derecho de los ciudadanos a manifestarse y expresarse libremente. Además, enfatizó que cualquier intervención violenta por parte de los cuerpos de seguridad debe ceñirse a los más altos estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Marta Valiñas, líder de la Misión, instó a que toda violación de derechos humanos sea investigada de manera rápida y efectiva, y que los culpables respondan ante tribunales independientes asegurando el debido proceso.
El clima de represión violenta contra la población que se manifestó tras el anuncio de resultados electorales ha sido caracterizado como una de las crisis de derechos humanos más graves en la historia reciente de Venezuela. Francisco Cox, otro miembro de la Misión, reveló que entre agosto y diciembre de 2024, el régimen detuvo al menos a 56 activistas de partidos opositores, así como a diez periodistas y una defensora de derechos humanos. Asimismo, instó a que quienes ordenan y ejecutan estas detenciones deben asumir la responsabilidad legal correspondiente.
A finales de diciembre de 2024, el Ministerio Público de Venezuela comunicó que 1,369 de las más de 2,500 personas detenidas en el periodo postelectoral habían sido excarceladas; sin embargo, la Misión indicó que no ha podido confirmar esta cifra. Según la ONG Foro Penal, 1,849 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, afrontando condiciones que perjudican su alimentación, salud y acceso a las garantías procesales.
La Misión reiteró la obligación del Estado de proporcionar una protección especial a los detenidos con problemas de salud y a los adultos mayores, además de considerar el interés superior de los menores que enfrentan procesos judiciales. Asimismo, subrayó la alarmante situación de cientos de prisioneros que, en condiciones lamentables, son sometidos a tortura y tratos inhumanos.
Finalmente, el informe concluye que la persecución de opositores no solo continúa, sino que se ha intensificado, constituyendo un ataque sistemático a la libertad de expresión. La Misión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, tiene el mandato de investigar las presuntas violaciones de derechos humanos en el país y prevé analizar casos de violaciones graves en el contexto de una política estatal de represalias contra la oposición.
