Cuando Astrid Saavedra, una refugiada venezolana de once años, ingresó a su aula de cuarto grado en Trinidad y Tobago para su primer día de clases en septiembre, experimentó una mezcla de ansiedad y emoción. Más allá de su deseo de comenzar a aprender matemáticas, también sentía una gran expectativa por la oportunidad de compartir con sus compañeros sobre su tierra natal, Venezuela.
Astrid es parte de un grupo selecto de 60 niños refugiados e inmigrantes venezolanos que han sido admitidos en el sistema educativo nacional, gracias a una reciente modificación en las regulaciones de inmigración del país. Esta decisión, que se implementó en julio de 2023, requería que los estudiantes presentaran un certificado de nacimiento y un registro de vacunación, ambos certificados y traducidos. Este acontecimiento representa un hito importante en el compromiso de Trinidad y Tobago con la Convención sobre los Derechos del Niño, un acuerdo internacional que promueve los derechos de la infancia.
Desery Jordan-Whiskey, funcionaria de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), destacó que brindar educación a estos jóvenes no solo les permitirá estar mejor preparados para el futuro, sino que llenará vacíos en el mercado laboral del país. «Además, al ser en su mayoría hispanohablantes, estos niños también tendrán la oportunidad de enseñar a sus compañeros un segundo idioma», enfatizó.
Los cambios que facilitaron la inclusión de niños como Astrid en el sistema escolar se anunciaron durante una reunión oficial. Los organismos de la ONU subrayan que el derecho a la educación es fundamental no solo por razones de derechos humanos, sino también como parte del progreso hacia un desarrollo sostenible.
Amanda Solano, directora de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Trinidad y Tobago, añadió que promover el acceso a la educación es esencial. «Al proporcionar educación a los niños refugiados y migrantes, no solo estamos atendiendo sus necesidades actuales, sino que estamos invirtiendo en su futuro y en el desarrollo de Trinidad y Tobago», afirmó.
A pesar de este avance, más de 2,000 niños refugiados y migrantes aún se encuentran excluidos del sistema escolar en el país. La ONU está trabajando para ofrecerles oportunidades de aprendizaje alternativo, aunque se prefiere una mayor inclusión en escuelas públicas. Un comité de agencias de la ONU, conocido como el Grupo de Trabajo de Educación, está colaborando con el gobierno de Trinidad y Tobago para identificar las necesidades logísticas y de capacitación necesarias para recibir a más niños en las aulas.
La esperanza es que para el año académico 2025-2026, muchos más estudiantes como Astrid puedan iniciar su educación formal en el país. Mientras tanto, UNICEF y ACNUR ya han comenzado a implementar espacios informales de aprendizaje, así como facilitar pruebas de competencia en inglés y proporcionar asistencia material para aliviar la carga económica sobre las familias, permitiéndoles enfocarse en el progreso educativo.
