El Estado ecuatoriano se encuentra ante una grave crisis de derechos humanos tras la desaparición forzada de cuatro niños afrodescendientes en Guayaquil. Esta situación ha impulsado un llamado urgente por parte de Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en Sudamérica, quien instó al gobierno ecuatoriano a investigar a fondo los hechos, enjuiciar a los responsables y tomar medidas concretas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Los menores, de entre once y 14 años, fueron vistos por última vez el 8 de diciembre después de participar en un partido de fútbol. Según informes, fueron detenidos por una patrulla militar bajo la acusación de robo, un cargo que fue posteriormente desmentido por la Fiscalía, la cual no encontró pruebas que lo respaldaran. Sin embargo, el hallazgo de sus cuerpos, calcinados y con signos evidentes de tortura, el 24 de diciembre en las cercanías de una base militar, causó una conmoción profunda a nivel nacional e internacional.
Pocos días después de este macabro descubrimiento, el 31 de diciembre, las autoridades confirmaron que los cadáveres pertenecían a los niños desaparecidos. Antes de esta identificación, un juez de Guayaquil había ordenado la prisión preventiva de 16 militares de la Fuerza Aérea por su presunta implicación en las desapariciones. A pesar de que inicialmente las autoridades negaron la participación de las fuerzas armadas, videos de seguridad contrarrestaron esta versión, mostrando a los militares presentes en el momento de la detención de los menores.
Ante estos trágicos acontecimientos, ONU Derechos Humanos emitió un enérgico comunicado de condena y expresó su solidaridad con las familias afectadas. La oficina subrayó que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños y adolescentes, resaltando que lo sucedido representa un claro caso de desaparición forzada, como se define en la Convención Internacional contra esta violación de derechos humanos. El organismo también enfatizó la necesidad de que las autoridades actúen con rapidez para investigar y sancionar a los responsables, indicando que el hallazgo de los cuerpos no borra la gravedad del delito.
Jan Jarab hizo un llamado para que la investigación sea independiente, exhaustiva y libre de presiones políticas, para evitar la revictimización de las familias involucradas. Además, urgió a tratar otras denuncias de desapariciones forzadas que han surgido en el contexto mediático de este caso y subrayó la importancia de adoptar medidas efectivas que prevengan la repetición de estos abusos.
Este trágico suceso ha sido calificado por Jarab como una oportunidad para un cambio en la política de seguridad pública del país. La ONU reafirmó su compromiso de apoyar a las familias y a la sociedad ecuatoriana en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas, promoviendo además la justicia racial en las acciones de las fuerzas del orden y la capacitación en derechos humanos para impedir futuras violaciones.
