La Fundación Electrónica Fronteriza (EFF) ha iniciado un proceso judicial contra el Departamento del Sheriff del Condado de San Joaquín en California, buscando obtener acceso a documentos que desvelen las tecnologías de vigilancia adquiridas por las fuerzas del orden, así como los precios de dichas compras. Esta demanda, denominada Pen-Link v. County of San Joaquin Sheriff’s Office, surge a raíz de un intento de la compañía Pen-Link para bloquear la divulgación de contratos no redactados entre ellos y la oficina del sheriff, alegando que esta información constituye un secreto comercial.
En su moción presentada ante la Corte Superior de California, la EFF intenta unirse a la demanda existente para acceder a registros que previamente había solicitado. Aunque la oficina del sheriff proporcionó 40 páginas de documentos, se omitieron detalles fundamentales sobre los productos y servicios adquiridos de Pen-Link y su filial Cobwebs Technologies, en cumplimiento de la solicitud de la empresa de mantener en secreto esta información.
Este caso resalta la lucha por la transparencia en el uso de tecnologías de vigilancia financiadas con fondos públicos. La EFF defiende que el público tiene derecho a conocer cómo se utilizan estos recursos y argumenta que no se puede clasificar como un secreto comercial, a pesar de los esfuerzos de las empresas privadas por ocultar esta información.
Pen-Link es reconocida por sus herramientas de interceptación de comunicaciones, mientras que Cobwebs se especializa en plataformas de inteligencia web que han sido criticadas por su potencial de dirigirse a activistas y periodistas independientes. La EFF busca garantizar que los registros sean accesibles al público, advirtiendo que permitir que Pen-Link mantenga esta información en la oscuridad podría socavar los derechos de transparencia gubernamental y fomentar la vigilancia sobre los ciudadanos.
Este caso se clasifica como una demanda pública de registros «inversa», una práctica poco común, ya que generalmente se utiliza para proteger derechos de privacidad individuales y no para resguardar presuntos secretos comerciales de empresas. Un fallo favorable podría establecer un precedente significativo sobre el acceso público a información relacionada con las tecnologías de vigilancia utilizadas por las agencias gubernamentales.
Para la EFF, es fundamental que las comunidades estén informadas acerca de las herramientas de vigilancia que emplean sus gobiernos, lo que les permitiría participar de manera activa en debates significativos sobre su uso. La disputa legal continúa y la EFF espera que el tribunal acepte su moción, permitiendo que la demanda avanza hacia la divulgación de información que tiene un impacto directo en la privacidad y la transparencia ciudadana.
