El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela, tras la detención de múltiples opositores y activistas desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Su portavoz, Stephan Dujarric, condenó enérgicamente estas detenciones, que afectan a figuras de la oposición, periodistas y defensores de derechos humanos.
Dujarric enfatizó que una solución pacífica a la crisis política en Venezuela depende del pleno respeto de los derechos humanos, lo que incluye la libertad de expresión, el derecho a mantener opiniones sin interferencias y el derecho a la reunión pacífica. Guterres ha instado a las autoridades venezolanas a garantizar el respeto por los derechos humanos y a liberar a todas las personas detenidas de manera arbitraria.
El portavoz también señalo que Guterres comprende la frustración de la población venezolana, subrayando que el camino hacia una paz duradera debe basarse en el respeto no solo de los derechos humanos, sino también de la dignidad de cada individuo. La situación ha empeorado en los últimos días, con un aumento notable en los arrestos, lo que motivó al equipo de la ONU en Caracas a reiterar la imperante necesidad de salvaguardar los derechos humanos.
Expertos en derechos humanos han hecho un llamado a Venezuela para poner fin a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, especialmente en el contexto de la próxima toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Los partidos de oposición han instado a sus seguidores a manifestarse en contra de lo que consideran irregularidades en las últimas elecciones, enfrentando el temor a represalias por parte del Estado.
Se ha informado sobre al menos 19 detenciones arbitrarias y ocho desapariciones forzadas en todo el país. A pesar de que algunos de los detenidos han sido liberados, persisten varios casos de desaparecidos sin esclarecer.
Los expertos de la ONU han advertido sobre la continuación de violaciones a los derechos humanos sin protección para las víctimas. La falta de rendición de cuentas y garantías para prevenir futuros abusos ha creado un clima de terror en la población, que teme las posibles reacciones del Estado ante movilizaciones y protestas.
Las autoridades deberán garantizar la seguridad de los participantes en las manifestaciones que se prevén y evitar cualquier acto de violencia. Además, se les ha instado a responder de manera inmediata a las denuncias de acciones sistemáticas contra los disidentes y a liberar sin demora a quienes han sido detenidos arbitrariamente, así como a esclarecer el destino de los desaparecidos.
