Las autoridades policiales están bajo un creciente escrutinio por el uso de la tecnología de reconocimiento facial (FRT), especialmente tras revelaciones sobre arrestos erróneos que plantean serias dudas sobre su fiabilidad. Un reciente informe del Washington Post ha puesto de manifiesto que, a pesar de que los departamentos de policía han afirmado utilizar la FRT solamente como una herramienta investigativa, en muchas ocasiones no siguen los protocolos establecidos y realizan detenciones basándose únicamente en coincidencias generadas por software, sin llevar a cabo investigaciones más exhaustivas.
Entre los casos destacados por este informe figuran el de Christopher Galtin, arrestado erróneamente en St. Louis, y el de Jason Vernau en Miami. Ambos hombres fueron detenidos a pesar de contar con pruebas que demostraban su inocencia y que refutaban la identificación incorrecta del software. En particular, el caso de Vernau resulta alarmante, ya que el asistente del jefe de policía de Miami había testificado previamente ante el Congreso que su departamento no procedía a realizar arrestos basándose únicamente en la FRT sin una investigación previa adecuada. Sin embargo, las evidencias muestran que no todos los agentes acatan estas directrices.
Las inquietudes en torno al uso de esta tecnología se acentúan dado que muchos de los afectados por detenciones erróneas son personas de piel oscura. Estudios han demostrado que la precisión del reconocimiento facial disminuye significativamente en la identificación de individuos con tonos de piel más oscuros, lo que genera interrogantes sobre la equidad y el racismo sistémico en la aplicación de estas tecnologías de vigilancia.
Ante el creciente número de casos de arrestos erróneos, cada vez más ciudades en Estados Unidos han comenzado a prohibir el uso de la FRT por parte de la policía. Esta decisión no es infundada, ya que incluso si la tecnología fuera 100% precisa, aún existirían riesgos para las libertades civiles. La posibilidad de que las fuerzas del orden utilicen drones para identificar manifestantes en protestas representa una amenaza que podría volverse realidad con facilidad.
Defensores de los derechos civiles han intensificado sus llamados a los gobiernos locales, estatales y nacionales para que implementen prohibiciones sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial en el ámbito policial. La presión para actuar se ve impulsada no solo por los casos que han salido a la luz, sino también por un consenso creciente sobre la necesidad de asegurar que esta tecnología se utilice de manera responsable y ética. Con las evidencias que siguen acumulándose, la urgencia de estos llamados continúa en aumento.
