La Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cangas de Onís, que declaró nulo un préstamo de 27.500 euros y un contrato de tarjeta prepago virtual, ambos firmados fraudulentamente en nombre de una clienta de un banco de Málaga. Este fallo se produce tras un ciberataque en el que se utilizaron técnicas de «phishing» y «smishing», que permitieron a los delincuentes acceder a las claves bancarias de la afectada.
Los hechos se remontan a abril de 2022, cuando la víctima, residente en Cangas de Onís, notó movimientos sospechosos en su cuenta tras recibir varias llamadas fraudulentas. Aunque no había compartido información bancaria, los estafadores lograron vincular su número de teléfono a su cuenta. Esto les permitió contratar un préstamo instantáneo y una tarjeta prepago sin restricciones, siendo las claves de acceso enviadas a un dispositivo vinculado que facilitó el acceso a los fondos.
Íñigo Serrano, abogado del despacho Sello Legal Abogados y representante de la afectada, comentó que la sentencia resalta la considerable responsabilidad que tienen las entidades financieras en la salvaguarda de los activos de sus clientes. El tribunal determinó que el banco no pudo demostrar haber implementado las medidas de seguridad adecuadas para prevenir el fraude, lo que evidencia una falta de diligencia en la supervisión de las cuentas afectadas.
La resolución judicial subraya la ineficacia de los sistemas de autenticación utilizados por la entidad financiera, así como su incapacidad para detectar transacciones de alto riesgo. Además, se exige al banco restablecer la cuenta de la víctima a su estado anterior al fraude y hacerse cargo de los costos del proceso judicial.
Este fallo establece un precedente significativo en el ámbito de la ciberseguridad y la protección del consumidor financiero. Destaca la necesidad de que las instituciones bancarias implementen controles y soluciones tecnológicas adecuadas para prevenir estafas que repercuten en sus clientes. La justicia ha enfatizado que el progreso tecnológico debe ir acompañado de mecanismos de protección sólidos, evitando así que el peso de los riesgos recaiga en los consumidores.
