Un reciente informe de TEDIC, titulado “¿Quién Defiende Tus Datos?”, pone de manifiesto los avances y falencias de las principales empresas proveedoras de servicios de banda ancha en Paraguay en cuanto a la accesibilidad de sus políticas de privacidad. El estudio señala que, aunque estas compañías han mejorado en términos de información y transparencia, aún persisten deficiencias que limitan la protección de los derechos de privacidad de los usuarios.
El análisis toma en cuenta a las empresas Claro, Personal y Tigo, que son subsidiarias de compañías extranjeras, así como a los proveedores nacionales Copaco y Vox. A pesar de que se observó un mejor desempeño de las subsidiarias extranjeras en la protección de datos personales, el informe destaca que en general las empresas locales aún no alcanzan los estándares de sus homólogas en la región.
Los evaluadores realizaron su valoración en base a siete criterios, que incluían la transparencia sobre la recopilación y almacenamiento de datos y los procedimientos requeridos para la divulgación de información al gobierno. Tigo se posicionó como la empresa con mejor calificación, cumpliendo un 73% de los requisitos, mientras que Vox se sitúo en el último lugar, con apenas un 5% de cumplimiento.
Uno de los puntos críticos del informe es la ausencia de detalles claros sobre los períodos de retención de datos personales, un aspecto fundamental para la protección del usuario. Aunque empresas como Claro, Personal y Tigo han hecho esfuerzos para informar sobre la recopilación de datos, el informe indica que esto no es suficiente sin una legislación robusta que regule el manejo de la información personal. Paraguay es uno de los pocos países de América Latina que carece de una ley integral de protección de datos y, aunque hay un proyecto de ley en trámite en el Parlamento, aún no ha sido aprobado.
El informe también subraya la falta de una política clara que notifique a los usuarios cuando su información es solicitada por las autoridades, una omisión que plantea preocupaciones sobre la transparencia y el derecho de los usuarios. Aunque las cinco empresas requieren una orden judicial para entregar cualquier información, esto no se extiende a los metadatos de las comunicaciones, que según normas internacionales también deberían estar protegidos.
Por último, se destaca que ninguna de las empresas ha establecido un compromiso sólido en la promoción de los derechos humanos, aunque Tigo y Claro han realizado algunas contribuciones positivas en esta área. A pesar de que sus informes sobre solicitudes gubernamentales son algo más transparentes, estos solo están accesibles en los sitios web de sus casas matrices, lo que dificulta el acceso directo para los usuarios en Paraguay.
