La legislatura de Texas se encuentra en la antesala de un debate crucial sobre un proyecto de ley que podría erosionar significativamente las protecciones de libertad de expresión para sus habitantes. El Senado Bill 336 (SB 336) se propone modificar la Texas Citizens Participation Act (TCPA), una ley fundamental que fue adoptada en 2011 para combatir las demandas SLAPP, que buscan silenciar a los ciudadanos a través de litigios intimidatorios.
Las demandas SLAPP, o Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, no están diseñadas para prosperar en base a méritos legales, sino que su objetivo es abrumar a los demandados con altos costos legales. Estas tácticas son comunes entre entidades poderosas que intentan desacreditar a críticos y reducir el debate público, generando un ambiente de miedo que puede disuadir a las personas de expresarse sobre temas relevantes.
La TCPA ofrece ciertas salvaguardias, permitiendo que un demandado pueda presentar una moción para desestimar una demanda SLAPP, lo que resulta en una suspensión automática del proceso legal hasta que se resuelva el argumento sobre la validez de la demanda. Esta pausa es esencial para evitar que los ciudadanos se vean obligados a enfrentar procesos de descubrimiento costosos antes de que se decida el fondo del asunto.
Sin embargo, el nuevo proyecto de ley, SB 336, podría debilitar estas protecciones al eliminar la suspensión automática en ciertos casos vinculados a apelaciones de la TCPA. Esto implica que, incluso cuando un demandado tiene fundamentos sólidos para argumentar que la demanda es frívola, deberá lidiar con el peso de los gastos y el estrés emocional asociados al litigio mientras espera una decisión de los tribunales. Este cambio favorece a aquellos demandantes con más recursos, quienes podrían socavar económicamente a los demandados.
Las modificaciones propuestas impactarían a diversos grupos de texanos que dependen de la TCPA para protegerse de represalias judiciales. Entre ellos se encuentran sobrevivientes de violencia doméstica, periodistas y denunciantes que sacan a la luz casos de corrupción. Asimismo, pequeños empresarios y consumidores que realizan críticas honestas se verían en desventaja frente a poderosas entidades que podrían utilizar el sistema legal como un medio de coerción.
Este intento de debilitar la TCPA ha suscitado una fuerte oposición por parte de organizaciones como la ACLU y el Reporters Committee for Freedom of the Press, así como de numerosos medios de comunicación, tanto locales como nacionales. A pesar de haber logrado bloquear propuestas similares en sesiones legislativas anteriores, esta es la cuarta ocasión consecutiva en que se presentan enmiendas que amenazan la ley.
Los ciudadano de Texas tienen un papel activo en este proceso y se les alienta a comunicarse con sus representantes estatales y senadores para expresar su descontento respecto al SB 336. La participación de la comunidad es crucial para asegurar que Texas continúe siendo un estado donde las voces de sus ciudadanos sean valoradas y no silenciadas por demandas injustas.
