Este viernes en Ginebra, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó las graves violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en la República Democrática del Congo (RDC), advirtiendo sobre una inminente escalada del conflicto en la región. Desde el inicio del año, el grupo armado M23, con el respaldo del gobierno de Rwanda, ha incrementado su ofensiva en las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur. Las cifras son alarmantes, con cerca de 3,000 personas reportadas muertas y otras 3,000 heridas desde el 26 de enero. Sin embargo, se estima que el número real de víctimas podría ser considerablemente mayor. Además, alrededor de medio millón de personas han sido desplazadas, huindo de la violencia.
Türk expresó su profunda preocupación por los ataques perpetrados por el M23, que han empleado armamento pesado en áreas densamente pobladas, lo que compromete gravemente el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Se destacó el bombardeo de dos hospitales en Goma el 27 de enero, que dejó múltiples heridos entre los pacientes, reflejando la gravedad de los abusos que se están cometiendo en la región. La Oficina de Derechos Humanos también investiga un creciente número de casos de violencia sexual asociados al conflicto.
El Alto Comisionado hizo un llamado a examinar la economía política detrás de la violencia, sugiriendo que muchos productos cotidianos, como los teléfonos móviles, están conectados con los minerales extraídos en la RDC. «Todos estamos implicados», insistió, haciendo un llamado a las partes en conflicto para que apoyen los procesos de paz y depongan las armas.
En un contexto distinto, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió un comunicado en respuesta a un reciente decreto de Estados Unidos que busca sancionar a sus funcionarios. La CPI defendió la independencia e imparcialidad de su trabajo, reafirmando su compromiso con la justicia para millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo y pidiendo a los 125 países miembros y a la sociedad civil que respalden esta causa.
Por otro lado, ONUSIDA alertó sobre un posible aumento del 400% en las muertes por VIH, lo que podría traducirse en hasta 6.3 millones de fallecimientos, si la ayuda estadounidense destinada al alivio del sida no es reautorizada para 2025-2029. Christine Stegling, directora adjunta de ONUSIDA, enfatizó que el Plan de Emergencia de EE. UU. ha sido vital en la lucha contra el sida desde su creación en 2003, salvando más de 26 millones de vidas a través de la financiación de programas de prevención y tratamiento.
La situación en Haití también es preocupante, con un informe de UNICEF que indica un aumento del 1000% en la violencia sexual contra niños entre 2023 y 2024, convirtiendo sus cuerpos en «campos de batalla». Además, el reclutamiento infantil por parte de grupos armados ha aumentado un 70%, forzando a muchos niños a unirse a estos grupos debido a la pobreza extrema. En la capital, Puerto Príncipe, el control por grupos armados alcanza el 80%, mientras que los servicios esenciales colapsan, dejando a más de medio millón de niños desplazados y más de 300,000 enfrentando el cierre de sus escuelas.
