El Congreso de Estados Unidos ha comenzado a discutir el TAKE IT DOWN Act, un proyecto de ley diseñado para abordar la creciente preocupación por la proliferación de imágenes íntimas no consensuadas, conocidas como NCII. Este tipo de contenido ha aumentado en últimos años, especialmente con el uso de tecnologías que permiten alterar o crear imágenes, como los «deepfakes».
Aunque la intención de proteger a las víctimas de estas invasiones de privacidad es loable, el enfoque del proyecto de ley ha sido criticado por su potencial para socavar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso. El borrador actual propone un sistema en el que los sitios web y otros servicios en línea deben eliminar el contenido denunciado en un plazo de 48 horas y hacer “esfuerzos razonables” para localizar y borrar copias. Esta exigencia, si bien busca ayudar a las víctimas, plantea riesgos significativos: los amplios términos definidos en la ley podrían facilitar abusos por parte de individuos que busquen censurar discursos legales.
El alcance del proyecto se extiende más allá de la simple regulación de las imágenes no consensuadas, abarcando un amplio espectro de contenido íntimo que podría incluir cualquier imagen sexual. Esto puede traer consigo la posibilidad de censurar contenido legalmente permitido, como sátira, reportajes o discursos políticos, debido a la falta de mecanismos que desincentiven solicitudes de eliminación frívolas.
Además, el plazo de 48 horas para eliminar el contenido podría ejercer presión sobre los proveedores de servicios, especialmente aquellos más pequeños, llevándolos a implementar filtros automáticos que identificarían erróneamente contenido legal como problemático. Este tipo de censura podría resultar en un entorno en línea más restrictivo que el que se observa bajo la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA), la cual ya ha sido criticada por su abuso en la eliminación de discursos legítimos.
Por otro lado, los servicios que ofrecen buena protección de la privacidad de los usuarios también se verían amenazados. Aunque el proyecto de ley excluye a los servicios de correo electrónico, no establece excepciones claras para aplicaciones de mensajería privada o almacenamiento en la nube. Esto podría llevar a que algunas plataformas renuncien a la encriptación para poder cumplir con las solicitudes de eliminación, comprometiendo la privacidad de las conversaciones.
Cabe señalar que ya existen múltiples leyes que abordan la problemática de las imágenes no consensuadas. La mayoría de los estados han promulgado leyes que criminalizan la distribución de pornografía no consensuada, y existen fundamentos legales adicionales que permiten a las víctimas presentar demandas. La propuesta del TAKE IT DOWN Act podría no ser la solución adecuada, sugieren críticos, y abogan por mejorar y hacer cumplir las protecciones ya existentes, en lugar de proponer un régimen que podría abrir la puerta a un uso indebido y a una mayor censura en línea.
