El aumento de la vigilancia digital ha llevado a que la protección de los datos de salud se considere un asunto de seguridad personal urgente. Tras la anulación de Roe v. Wade por el Tribunal Supremo de EE. UU. y las restricciones crecientes sobre el aborto y la atención afirmativa de género, la salvaguarda de la información de salud personal se ha vuelto más crucial que nunca.
Casi la mitad de los estados del país han implementado o están en proceso de promulgar leyes que limitan el acceso a servicios de aborto, lo que convierte el acceso sin restricciones a datos de salud en un riesgo aún mayor. Ante esta situación, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha hecho un llamado en conjunto con la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) a la gobernadora Kathy Hochul para que firme la Ley de Privacidad de Información de Salud de Nueva York (A.2141/S.929). Esta legislación es vista como un paso fundamental para proteger la privacidad digital de los neoyorquinos, especialmente en un momento en que los datos de salud son cada vez más vulnerables.
La necesidad de proteger la privacidad de los datos de salud es evidente cuando se busca atención médica, particularmente en lo que respecta a la salud reproductiva y de género. Cada interacción relacionada con estas búsquedas genera un rastro digital que puede ser utilizado para perseguir a quienes solo buscan atención médica. El nuevo proyecto de ley tiene como objetivo extender las protecciones más allá de las entidades tradicionales reguladas por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA), abarcando a nuevas entidades como corredores de datos y compañías tecnológicas que también acceden a esta información sensible.
Casos en ciertos estados han demostrado cómo las personas han sido investigadas o incluso procesadas simplemente por recibir atención de salud reproductiva. En este contexto, la Ley de Privacidad de Información de Salud de Nueva York se presenta como una oportunidad destacada para establecer un estándar nacional en la protección de datos.
Entre las protecciones que propone esta legislación se incluye la prohibición de la venta de datos de salud sin el consentimiento explícito de los usuarios, así como el derecho a la eliminación de datos tras 60 días. También se garantiza que ninguna persona sufra discriminación por ejercer sus derechos de privacidad, en un intento por reforzar la seguridad sobre su información médica.
No obstante, el proyecto enfrenta una limitación significativa por la falta de un derecho de acción privada que permita a los individuos demandar a las empresas por violaciones de privacidad, lo que dejaría la responsabilidad únicamente en manos del Fiscal General.
La importancia de esta legislación es clara no solo por la protección que brinda a las personas ante posibles acciones legales relacionadas con sus decisiones de salud, sino también porque posiciona a Nueva York como un referente en estándares de privacidad de datos. La gobernadora Hochul tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la salud y los derechos de los ciudadanos al firmar este proyecto, asegurando que Nueva York pueda establecer un precedente importante para las protecciones de privacidad en todo el país.
