En enero de 2025, la nueva administración estadounidense anunció una orden ejecutiva en materia de inteligencia artificial (IA), que reemplaza las normativas previas establecidas durante la era Biden. Este decreto marca el inicio de un Plan de Acción sobre IA cuyo objetivo es «liberar» a la industria de la IA, fomentando la innovación y eliminando las “agendas sociales diseñadas” que afectan la operación del sector. En este contexto, la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) ha abierto la puerta a comentarios públicos para enriquecer esta iniciativa, y la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha respondido con preocupaciones clave.
La EFF sostiene que la adquisición gubernamental de tecnologías de toma de decisiones automatizadas debe realizarse con un alto grado de transparencia y responsabilidad pública. La organización advierte que no se deben emplear algoritmos secretos y no verificados en decisiones que puedan tener un impacto significativo en la vida de las personas, como el empleo o la concesión de asilo. En su segunda recomendación, la EFF sugiere que las políticas relacionadas con la IA generativa sean específicas y proporcionadas, teniendo en cuenta la necesidad de proteger otros intereses públicos. Finalmente, hace un llamado a evitar que las grandes empresas consoliden su dominio en el sector a través de esquemas de licenciamiento que limiten la competencia.
El rápido avance de la IA en Estados Unidos ha suscitado alarmas debido a la falta de transparencia. Este tipo de regulación no solo podría fortalecer el poder de las corporaciones más grandes, sino que también pone en riesgo las libertades civiles de individuos afectados por decisiones automatizadas. Se ha evidenciado ya la implementación de herramientas experimentales de IA en áreas sensibles como la policía y la seguridad nacional, y se han presentado preocupaciones sobre su uso en evaluaciones laborales dentro del gobierno federal, lo que podría afectar las oportunidades de empleo de varios trabajadores.
La automatización de decisiones críticas sobre personas se considera no solo imprudente, sino también peligrosa. Los nuevos sistemas de IA, en muchos casos, son ineficaces y requieren considerable esfuerzo para corregir sus errores. En el peor de los casos, podrían generar resultados discriminatorios y erróneos, ocultos tras la falta de claridad propia de estas tecnologías. La EFF resalta la necesidad de un proceso robusto que permita la revisión y el aviso público antes de implementar herramientas de este tipo, de acuerdo con lo estipulado por la Ley de Procedimiento Administrativo. Esto ayudaría a minimizar gastos en tecnologías ineficaces y a determinar cuándo su uso es perjudicial.
En medio de la ansiedad por la IA generativa, los legisladores han empezado a proponer regulaciones amplias que no abordan adecuadamente los múltiples intereses públicos comprometidos. Iniciativas como las leyes NO FAKES y NO AI Fraud amplían las leyes de copyright en beneficio de grandes corporaciones, ignorando las necesidades de otros creadores. Algunas propuestas técnicas, como el “watermarking”, presentan serias limitaciones prácticas, lo que representa un desafío adicional para la regulación efectiva de la IA.
Entre los enfoques cuestionables, el creciente movimiento hacia esquemas de licenciamiento de IA plantea barreras para artistas y creadores más pequeños, favoreciendo a aquellos que pueden pagar más por acceso a estas tecnologías. Esta estrategia es similar a intentar resolver el acoso escolar dándole recursos al acosador, en lugar de proteger a la víctima.
La búsqueda de soluciones rápidas, como la expansión del copyright, no beneficia a nadie en realidad, especialmente a los artistas y pequeñas empresas que no pueden competir con las grandes corporaciones. La inteligencia artificial representa una amenaza para el trato justo del trabajo creativo, y descartar el uso secundario no solucionará el desequilibrio de poder entre los trabajadores y los oligopolios dominantes. Es fundamental que los ciudadanos tengan el derecho a participar en la cultura y expresarse sin estar a merced de los intereses de corporaciones privadas, por lo que los responsables políticos deberían enfocarse en formular políticas claras que protejan estos derechos y limiten las regulaciones a soluciones comprobadas que realmente aborden los problemas en juego.
