La crisis humanitaria en Sudán del Sur alcanza niveles alarmantes a medida que se intensifican los conflictos en el país, particularmente en el noreste, donde las comunidades vulnerables enfrentan dificultades sin precedentes para acceder a alimentos. Según un informe reciente del Programa Mundial de Alimentos (PMA), se estima que 7,7 millones de personas sufren de hambre catastrófica, con 3,1 millones de ellas ubicadas en la región del Gran Alto Nilo, una de las más afectadas por la violencia.
La situación es crítica en el Alto Nilo, donde un millón de personas se encuentran en condiciones de hambre extrema. A la crisis alimentaria se suma la llegada de más de 1,1 millones de refugiados que han huido del conflicto en Sudán, muchos de los cuales han buscado asilo en esta misma región, exacerbando la precariedad de la situación. De estos desplazados, aproximadamente la mitad enfrenta niveles catastróficos de hambre.
Para abordar esta situación de emergencia, el PMA ha comenzado a brindar asistencia alimentaria a más de 450.000 personas en el estado del Alto Nilo, priorizando a quienes se encuentran en situaciones de emergencia. Sin embargo, las continuas hostilidades han complicado la distribución de ayudas, forzando a la agencia de la ONU a suspender sus operaciones en seis condados de la región. La esperanza está puesta en que las condiciones de seguridad mejoren para reanudar la entrega de alimentos.
A pesar de estos desafíos, el PMA sigue gestionando el Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas (UNHAS), que mantiene vuelos de pasajeros y carga hacia las zonas más impactadas del Alto Nilo. La agencia cuenta con más de 9.000 toneladas de alimentos almacenados en Malakal, lo suficiente para alimentar a más de un millón de personas durante un mes, además de mantener suministros en Bor y Yuba, la capital.
No obstante, la violencia que estalla a lo largo de los ríos, que son vitales para el transporte de estos suministros, representa un obstáculo adicional que complica la llegada de alimentos a las regiones más necesitadas. El PMA enfrenta, además, un déficit presupuestario de 396 millones de dólares para el resto de 2025, lo que podría poner en riesgo sus operaciones y la asistencia humanitaria esencial en Sudán del Sur.
