La intensificación de la violencia y el aumento de las necesidades humanitarias en Colombia están amenazando los avances logrados en la protección e integración de las poblaciones desplazadas en el país. Esta situación afecta gravemente a los grupos más vulnerables, sobre todo a mujeres y niños.
Colombia enfrenta una de las crisis de desplazamiento más graves del mundo, con más de siete millones de personas desplazadas internamente y casi tres millones de refugiados y migrantes venezolanos, junto a más de 500,000 colombianos que han regresado al país. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha brindado asistencia a estas poblaciones durante años, destacando a Colombia como un modelo de solidaridad regional hacia quienes huyen de la violencia.
No obstante, la disminución del financiamiento ha obligado a ACNUR a advertir sobre la posible suspensión de servicios esenciales, lo que podría revertir años de progreso en la estabilidad e integración de estas comunidades. William Spinder, portavoz de la agencia, ha señalado que diversos programas han tenido que reducirse o interrumpirse, socavando los esfuerzos por alcanzar la autosuficiencia de los refugiados y desplazados.
La región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, se ha convertido en una de las áreas más afectadas por la falta de recursos. Recientes enfrentamientos entre grupos armados han forzado el desplazamiento de más de 63,000 personas, marcando un récord en la historia del desplazamiento en Colombia. A pesar del aumento de la violencia, ACNUR se ha visto obligado a detener la distribución de artículos básicos de socorro.
El futuro de la estabilización a largo plazo del país también está en peligro. ACNUR ha suspendido su apoyo a la legalización de asentamientos informales promovidos por el gobierno, una iniciativa que garantiza acceso a derechos de propiedad y servicios básicos para más de 105,000 personas. Sin este respaldo, muchas de estas comunidades continúan en condiciones de vida precarias.
Los niños se encuentran entre los más perjudicados por la falta de financiamiento, quedando en riesgo de ser reclutados por grupos armados. La documentación de más de 500,000 migrantes venezolanos también enfrenta amenazas, dificultando su acceso a atención médica, educación y empleo legal, lo que incrementa su vulnerabilidad a la explotación.
En respuesta a esta alarmante situación, ACNUR ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para aumentar su apoyo y proporcionar los fondos necesarios que permitirán continuar sus operaciones en Colombia. La agencia necesita 118.3 millones de dólares para llevar a cabo su labor este año, mientras que el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes Venezolanos requiere 1,400 millones de dólares, de los cuales solo se ha conseguido un 4.6%.
