La legislatura de Texas está impulsando un nuevo proyecto de ley conocido como S.B. 2880, que busca restringir el acceso a uno de los métodos más comunes y efectivos de aborto: el aborto por medicación. Esta propuesta no solo pretende prohibir la venta y distribución de píldoras abortivas, sino que también tiene un impacto significativo en el acceso a la información sobre estos fármacos.
De aprobarse, la S.B. 2880 haría ilegal «proporcionar información» relacionada con la obtención de medicamentos para inducir un aborto. Esto abarcaría desde correos electrónicos y conversaciones en línea hasta la creación de sitios web que compartan información sobre servicios legales en otros estados. Incluso las publicaciones en redes sociales podrían conllevar un riesgo legal considerable.
La amplitud de esta legislación se extiende a diversas plataformas de comunicación, incluyendo redes sociales, sitios web y aplicaciones de mensajería, las cuales podrían enfrentar consecuencias legales si albergan contenido considerado infractor. Así, los legisladores de Texas no solo buscan silenciar la discusión pública sobre el aborto, sino que también quieren eliminar la accesibilidad de información sobre el tema en internet.
Este enfoque parece diseñado para infundir temor y disuadir a las personas de expresar sus opiniones. La S.B. 2880 permite que cualquier ciudadano demande a quienes infrinjan esta nueva normativa, así como a «servicios informáticos interactivos» que faciliten el acceso a información relacionada con abortos o fármacos abortivos. Esta táctica recuerda a la anterior S.B. 8, que alentó a la ciudadanía a presentar demandas contra quienes simplemente discutieran o compartieran información sobre el aborto, lo que pone en riesgo la libertad de expresión y afecta directamente la salud y las vidas de quienes buscan información precisa sobre sus opciones reproductivas.
Además, la S.B. 2880 incentiva a los intermediarios en línea a eliminar contenido relacionado con el aborto. Si un servicio es demandado basándose en esta ley, puede evitar responsabilidades demostrando que tomó medidas rápidas para bloquear cualquier información sobre abortos. La ley también otorga a estos intermediarios una «inmunidad absoluta y no renunciable» ante demandas por censura, fortaleciendo su poder para eliminar contenidos.
Aunque el texto de la ley menciona que no debe interpretarse como una restricción a la libre expresión, esto no garantiza que su implementación no afecte los derechos individuales. El objetivo es claro: limitar el acceso a información sobre medicamentos abortivos en línea. La potencial responsabilidad civil y penal contrasta con una ley federal que protege a los intermediarios en línea, como la 47 U.S.C. § 230, que defiende la libertad de expresión en estas plataformas.
Cualquier intento del gobierno de restringir el acceso a información plantea un riesgo para los derechos garantizados por la Primera Enmienda. Lo que los legisladores de Texas buscan lograr con la S.B. 2880 es precisamente eso. Aquellos que valoran la libertad de expresión, independientemente de sus creencias sobre la salud reproductiva, deben manifestar su oposición a este y otros proyectos similares.
