Montana ha dado un paso significativo al promulgar una ley pionera destinada a cerrar el denominado «vacío de los corredores de datos», un asunto que ha desatado intensos debates en diversos estados y en el Congreso de los Estados Unidos, pero que hasta ahora no había logrado una solución efectiva. La normativa, conocida como SB 282, prohíbe que las fuerzas del orden adquieran información sobre las comunicaciones electrónicas y otros datos sensibles mediante compras a corredores de datos, eliminando así un método que les permitía sortear la necesidad de obtener una orden judicial.
A diferencia de lo que ocurre en otras partes del país, donde las autoridades pueden adquirir información de geolocalización sin necesidad de presentar una justificación ante un juez, en Montana los agentes de policía deben recurrir a prácticas más convencionales, como solicitar una orden judicial. Anteriormente, información que abarcaba datos tan personales como la ubicación precisa de un individuo, sus relaciones personales y sus condiciones de salud, estaba fácilmente accesible en el mercado.
La SB 282 ha sido recibida como un avance en términos de protección de la privacidad a nivel estatal, continuando con una tendencia en Montana que incluye restricciones en el uso del reconocimiento facial y esfuerzos para proteger la privacidad del consumidor. Aunque la ley permite el uso de citaciones para acceder a ciertos datos, estos requieren menos justificación que una orden judicial, estableciendo un precedente importante en la defensa de los derechos civiles.
Este nuevo enfoque legislativo en Montana se sincroniza con iniciativas a nivel federal, como la propuesta H.R.4639, conocida como la Ley de que la Cuarta Enmienda No Está en Venta, impulsada por el senador Ron Wyden, que busca ofrecer una protección similar a escala nacional. Aunque este proyecto ha avanzado en la Cámara de Representantes, todavía no ha sido considerado en el Senado.
La actuación de Montana resalta la creciente responsabilidad de los estados y localidades para implementar leyes que protejan las libertades civiles de sus ciudadanos, especialmente ante la inacción del Congreso. Con una población de poco más de un millón de habitantes, Montana se establece como un modelo a seguir en la defensa de la privacidad y la protección de los derechos individuales.
