Esta semana, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha avanzado en una propuesta que permitiría al Secretario del Tesoro revocar el estatus de exención fiscal de cualquier organización sin fines de lucro, simplemente al calificarla como una «Organización que Apoya el Terrorismo». Esta medida, que concede un poder casi ilimitado al ejecutivo para actuar en contra de entidades con las que podría no estar de acuerdo, representa una seria amenaza para las organizaciones de este tipo en el país.
Incorporada en el proyecto de reconciliación presupuestaria, la propuesta es una réplica de un proyecto anterior que fue desaprobado por el Senado el otoño pasado, después de que numerosas organizaciones, como la EFF y la ACLU, expresaran su oposición. Se hace un llamado para que la Cámara vuelva a rechazar esta iniciativa cuando sea sometida a votación.
Si bien el objetivo declarado de la medida es frenar el terrorismo, ya existen varias leyes que permiten al gobierno revocar el estatus de organizaciones ya designadas como terroristas. Más bien, parece que esta legislación busca limitar la libertad de expresión, desincentivando a las organizaciones sin fines de lucro a trabajar en nombre de grupos vulnerables, como los venezolanos o los palestinos, quienes pueden estar asociados incidentalmente con entidades que el gobierno considera terroristas. Cualquier grupo que el gobierno decida calificar como terrorista en el futuro podría convertirse en un blanco para aquellos que abogan por la justicia racial, los derechos LGBTQ y otras causas que no cuenten con el respaldo actual.
Aparte de sus implicaciones sobre la libertad de expresión, la propuesta presenta una falta de protecciones adecuadas de debido proceso para las organizaciones afectadas. Al otorgar al Secretario del Tesoro la autoridad exclusiva para estas designaciones, no se exige que se divulguen las razones o pruebas para calificar a una entidad como que apoya al terrorismo, lo que crea una carga casi insuperable para las organizaciones que deben demostrar su inocencia. Esta transferencia de la carga de la prueba es preocupante, ya que implica que las organizaciones deben probar su inocencia, en lugar de que sea el gobierno el que justifique sus acusaciones.
Un comunicado de la ACLU, respaldado por más de 350 organizaciones, advierte que esta legislación ofrecería al ejecutivo la capacidad de atacar a opositores políticos y utilizar el temor de consecuencias legales y la pérdida de donantes para sofocar la disidencia. A pesar de que las aplicaciones más amplias de esta autoridad podrían no mantenerse firmes en un tribunal, los costes reputacionales y financieros de enfrentar una investigación podrían llevar a la disolución funcional de una organización antes de que tenga la oportunidad de defenderse legalmente.
La legislación actual prohíbe a altos funcionarios, incluido el Presidente, ordenar investigaciones del IRS por desacuerdos en políticas, pero esta propuesta abre un resquicio que podría paralizar a las organizaciones sin fines de lucro en el futuro. Sin duda, estas entidades y las instituciones educativas se encuentran en una posición de vulnerabilidad ante esta administración. De implementarse, cualquier futura administración podría utilizar los poderes otorgados por esta legislación en contra de cualquier organización sin fines de lucro, sin importar su afiliación política. Por ello, se insta a la Cámara a votar en contra de esta propuesta.
