La reciente implementación de la Ley de Modernización del REAL ID, obligatoria desde el 7 de mayo de este año, ha generado un debate en torno a su impacto en la seguridad de los vuelos nacionales en Estados Unidos. Esta normativa, que se ha tardado casi dos décadas en entrar en vigor desde su planteamiento inicial en 2005, exige a los viajeros presentar un REAL ID para poder abordar aviones. Aunque la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) enfatiza que esta identificación no representa un sistema nacional ni una base de datos federal, las preocupaciones sobre la privacidad continúan aumentando, especialmente con la adición de identificaciones digitales.
A pesar de la nueva reglamentación, no es obligatorio contar con un REAL ID para volar, ya que existen alternativas como pasaportes y tarjetas de pasaporte, que también permiten realizar viajes internacionales. Para aquellos que no deseen o no puedan acceder a un REAL ID, la TSA acepta otros documentos, incluyendo licencias de conducir de estados que cumplen con la normativa, licencias mejoradas y varias identificaciones emitidas por el gobierno.
Sin embargo, el uso de documentos como pasaportes extranjeros puede complicar el proceso de seguridad, poniendo un foco mayor en los viajeros no ciudadanos. Esto ha llevado a una reevaluación de quién puede volar, acentuando las jerarquías sociales según la nacionalidad o el estatus migratorio.
En medio de esta situación, algunos estados están introduciendo licencias de conducir móviles (mDL), que permiten almacenar la identificación estatal en un teléfono. Aunque esta opción parece conveniente, enfrenta desafíos burocráticos que limitan su uso efectivo. Por su parte, Google ha presentado la iniciativa «ID Pass», que podría facilitar el acceso a identificaciones digitales, aunque también despierta dudas sobre la concentración de control sobre la identidad de los individuos.
A medida que avanza la adopción de tecnologías y sistemas de identificación digital, es crucial encontrar un equilibrio que permita verificar la identidad sin comprometer el estatus de ciudadanía. Para aquellos que opten por no obtener un REAL ID, el proceso de verificación en los puntos de control de seguridad se tornará más riguroso.
En conclusión, la introducción del REAL ID agrega una capa de regulación a la identificación de los viajeros, mientras que la transición hacia identificaciones digitales suscita interrogantes sobre la gestión de la información personal y los riesgos de un sistema centralizado. La verificación de identidad se mantiene como un asunto delicado que exige atención tanto de entidades gubernamentales como de empresas privadas.
