El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha manifestado la urgente necesidad de obtener permisos y un acceso sin restricciones para la recolección y distribución de alimentos en Gaza, donde la situación humanitaria se ha deteriorado de manera alarmante. Los camiones que han cruzado desde Israel a través del punto de Kerem Shalom se encuentran en una zona de inspección, a la espera de las autorizaciones necesarias para entregar ayuda, lo que frena una respuesta efectiva ante la crisis alimentaria en la región.
Antoine Renard, director del PMA en Palestina, destacó los esfuerzos de la organización por trasladar al menos 100 camiones diarios con alimentos de emergencia y otros suministros. Sin embargo, advirtió que esto solo será viable si se garantizan condiciones de acceso inmediato y seguro. A pesar de la asistencia proyectada, Renard enfatizó que sólo se atenderían algunas de las necesidades alimentarias esenciales de la población, en un contexto en el que el precio de una bolsa de harina de trigo ha alcanzado los 500 dólares, lo que incrementa la desesperación entre los gazatíes.
En paralelo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha exigido a la comunidad internacional que presione a Israel para facilitar la entrada de alimentos y suministros médicos a Gaza y detenga la violencia que afecta a los niños en la región. El Comité subrayó que no hay justificación para acciones que violan el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, incluidas las convenciones relacionadas con la protección infantil.
Por otro lado, este miércoles, fuerzas de seguridad israelíes dispararon contra una delegación diplomática en las cercanías del campo de Yenín durante una visita oficial del Ministerio de Exteriores palestino. Aunque los empleados de la UNRWA presentes en el lugar no resultaron heridos, el director de la agencia afirmó que este suceso refleja el uso excesivo de la fuerza por las tropas israelíes en Cisjordania. Hasta el momento, 137 palestinos han perdido la vida en actos de violencia vinculados a la ocupación en lo que va del año. A pesar de que el Ejército israelí ha prometido investigar el incidente, persisten las inquietudes sobre cómo se maneja la intervención hacia civiles desarmados.
Desde el inicio de la operación «Muro de Hierro» en enero de 2025, el acceso a Yenín ha sido prácticamente imposible, lo que ha llevado al desplazamiento forzado de palestinos del campamento y a la suspensión de servicios por parte de la UNRWA.
Además, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha instado a tomar medidas inmediatas para poner fin al aparente castigo colectivo que enfrentan los palestinos en Cisjordania. Tras el asesinato de una mujer israelí embarazada, las fuerzas israelíes realizaron detenciones masivas que incluyeron agresiones físicas y confiscaciones de tierras. La Oficina ha expresado su preocupación de que tales acciones busquen consolidar la presencia israelí en los territorios ocupados.
Finalmente, en Colombia, la violencia y las amenazas de grupos armados ilegales están poniendo en peligro la existencia de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La Oficina de Derechos Humanos ha alertado sobre la grave situación que enfrentan estos grupos étnicos, quienes sufren consecuencias devastadoras en su vida, cultura y territorio. La respuesta estatal ante esta problemática ha sido, en gran parte, insuficiente frente a la gravedad de los ataques.
