La Organización Marítima Internacional (OMI) ha dado un paso histórico en la lucha contra el cambio climático al avanzar hacia un marco jurídicamente vinculante enfocado en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por los buques a nivel global. Este acuerdo, que está programado para ser ratificado en octubre, busca establecer los primeros límites obligatorios de emisiones en el sector marítimo, así como la implementación de un sistema de precios del carbono, con el ambicioso objetivo de alcanzar emisiones netas nulas para el año 2050.
El nuevo marco propuesto impondrá una tasa a las emisiones de los buques que no se ajusten a los estándares establecidos, mientras que aquellos que hagan uso de combustibles más limpios se verán recompensados. Se prevé que estas medidas sean formalmente adoptadas en octubre de 2025 y que entren en vigor en 2027, abarcando a grandes buques de navegación marítima que superen las 5000 toneladas de arqueo bruto, los cuales representan aproximadamente el 85 % del total de emisiones de CO2 en el transporte marítimo internacional.
Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI, resaltó la significancia de este avance mediante la aprobación del proyecto de enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL. Domínguez subrayó que este acuerdo representa un progreso crucial en la tarea colectiva de combatir el cambio climático y en la modernización del transporte marítimo, reflejando el compromiso de la OMI con los objetivos climáticos establecidos en su Estrategia de 2023 sobre la reducción de las emisiones de GEI.
Asimismo, se ha establecido un Fondo Net-Zero, que recaudará el costo de las emisiones. Este fondo permitirá a los buques que superen los umbrales de emisiones compensar su exceso mediante contribuciones financieras, las cuales apoyarán a barcos de bajas emisiones y fomentarán la innovadora investigación, desarrollo de infraestructuras y una transición justa para los países en desarrollo. Las nuevas medidas incluyen una norma sobre combustibles marinos y un mecanismo global de fijación de precios que incentivará el uso de tecnologías que generen emisiones nulas o casi nulas, además de contribuir al fortalecimiento de capacidades para mitigar las repercusiones negativas en los Estados más vulnerables.
