En la provincia de Salta, Argentina, las comunidades indígenas de Santa Victoria Este enfrentan una aguda crisis hídrica intensificada por el cambio climático. En una región árida de 400.000 hectáreas, el acceso al agua potable es alarmantemente deficiente, especialmente durante las sequías, lo que afecta la vegetación y la disponibilidad de agua para el consumo humano.
El agua subterránea, con altos niveles de sal en algunos sectores, se vuelve insegura para el consumo y para el ganado. La naturaleza dispersa y nómada de los asentamientos ha obstaculizado el desarrollo de infraestructuras convencionales para el manejo del agua. Tatiana Pereira, presidenta de la Cooperativa Indígena Chowhay, subraya la gravedad de la situación afirmando: “En época de sequía, se vuelve muy escasa el agua”.
Frente a esta problemática, las comunidades recurren a la recolección de agua de lagunas y al uso de camiones cisterna municipales, aunque estas soluciones son poco fiables. Las fuentes naturales suelen no ser aptas para consumo, y los camiones a menudo no logran llegar a los lugares más remotos, especialmente durante olas de calor extremas donde las temperaturas pueden exceder los 50 ºC.
Después de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han iniciado consultas entre autoridades locales y las comunidades indígenas. Ramón Pérez, representante de la asociación Lhaka Honhat, señaló: «Hace como 40 años que le reclamamos al Estado nacional que reconozca nuestros derechos y nuestro territorio… [el acceso al agua] ha sido un tema muy preocupante, de muchos años».
En una colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas de Argentina y organizaciones locales, la UNOPS ha puesto en marcha un proyecto que construye 75 sistemas de recolección y almacenamiento de agua de lluvia, beneficiando a más de 350 personas en 12 comunidades. Cada cisterna puede almacenar hasta 16.000 litros, suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia durante seis meses, fortaleciendo así su resiliencia ante la sequía.
Este proyecto no solo asegura el acceso a recursos hídricos, sino que también involucra activamente a las comunidades. Cristina Pérez, presidenta de Lhaka Honhat, destaca que se ha permitido a las comunidades decidir la ubicación de las cisternas, fomentando un sentido de pertenencia. Se han adaptado capacitaciones a las tradiciones locales con intérpretes de idiomas como el wichí y el toba.
Además, se ha incorporado un enfoque de género, diversidad e inclusión. Celina Moreno Cordeu, trabajadora social de UNOPS, explica que se han implementado estrategias para asegurar la participación amplia, incluso en comunidades donde el español no es la lengua materna.
El impacto económico también es notable. Alfonso Pérez, de la Cooperativa Indígena Chowhay, valora el conocimiento adquirido, utilizando la tierra restante de las construcciones para su vivienda. Pereira añade que el empleo local es crucial, especialmente para jóvenes que deben trasladarse en busca de trabajo.
Con el agua de las cisternas, las comunidades han comenzado a cultivar huertas, vislumbrando un futuro prometedor. Rebeca Roldán, cacique de Pozo El Algarrobo, planea utilizar el recurso para regar cultivos como tomates y morrones, mejorando la salud, el bienestar y fomentando un entorno más sostenible y resiliente ante las adversidades climáticas.
El proyecto de recolección de agua de lluvia representa no solo una solución a la crisis actual, sino también un paso hacia el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para estas comunidades, que han luchado por el reconocimiento de sus derechos y recursos durante décadas.
