Un juez federal ha desestimado una solicitud del gobierno de Estados Unidos para archivar una demanda por incumplimiento de la Ley de Privacidad, presentada por dos sindicatos de empleados públicos. Esta decisión se produce tras la revelación de información sensible que afecta a decenas de millones de empleados federales, jubilados y solicitantes de empleo, información que fue divulgada al «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE), una entidad relacionada con Elon Musk. La divulgación de estos datos es considerada una clara violación de la Ley de Privacidad, que establece límites estrictos sobre el uso que el gobierno puede dar a la información personal de los ciudadanos.
Los sindicatos demandantes, representados por el American Federation of Government Employees (AFGE) y el Association of Administrative Law Judges (AALJ), han alegado que entre la información divulgada se incluyen números de seguro social, historial médico, información financiera y datos sobre familiares de los empleados. En su fallo, el tribunal subrayó que los demandantes habían demostrado un «daño concreto» derivado de esta divulgación, lo que les otorga «legitimidad» para avanzar con su demanda.
Durante la audiencia, la corte consideró los daños reclamados y concluyó que las revelaciones de datos afectaron de manera «altamente ofensiva» la privacidad de los demandantes. Además, el tribunal advirtió sobre el riesgo significativo que representa el acceso no autorizado a esta información, lo que podría aumentar su vulnerabilidad a hackeos y robo de identidad.
El juez también desestimó el argumento del gobierno, que sostenía que los demandantes no podían alegar perjuicios sin demostrar que los agentes del DOGE habían utilizado efectivamente la información. La corte determinó que la mera exposición de información personal a terceros no autorizados constituye, por sí sola, un daño suficiente bajo la Ley de Privacidad.
Con este fallo, los demandantes pueden continuar con sus alegaciones de violación de la Ley de Privacidad, tanto por la divulgación indebida de información como por la falta de protección adecuada. Además, el tribunal aprobó reclamaciones adicionales contra el gobierno por actuar de manera «arbitraria y caprichosa», hallando que el proceso de incorporación de los agentes del DOGE fue apresurado y no cumplió con las debidas medidas de seguridad.
Este pronunciamiento judicial representa un avance significativo en la defensa de los datos personales, en un momento de creciente preocupación sobre cómo el gobierno gestiona la información sensible de los ciudadanos. En este contexto, la discusión sobre la protección de la privacidad se intensifica, especialmente considerando que la Ley de Privacidad fue instaurada en 1974 para restaurar la confianza pública tras escándalos como Watergate. La reciente divulgación de datos por parte del DOGE podría ser vista como una de las violaciones más graves de esta ley, lo que resalta la urgente necesidad de proteger la privacidad en una era cada vez más digital.
