Recientemente, el debate en torno al proyecto de ley conocido como «Pro Codes» ha cobrado fuerza en la esfera pública, generando inquietudes sobre el acceso a códigos de seguridad y construcción. Mientras que la propuesta ostenta la intención de aumentar la disponibilidad de normativas legales, los críticos sostienen que esta iniciativa podría otorgar un control excesivo a las asociaciones de la industria sobre el acceso público a estas regulaciones.
Estas organizaciones argumentan que poseen derechos de autor sobre ciertos códigos. Una vez que estos códigos son adoptados, se convierten en requerimientos legales, lo que implica que los ciudadanos, incluidos periodistas y otros interesados, tendrían que pagar para poder acceder a ellos. Esta situación plantea un grave obstáculo para la transparencia y la comprensión del marco legal por parte de la ciudadanía.
Los efectos de esta ley podrían ser significativos. Por ejemplo, un periodista que busque investigar el colapso de un puente se vería obligado a abonar una tarifa a la asociación que posee el estándar de seguridad correspondiente, limitando su capacidad para realizar una investigación informada. Del mismo modo, los arrendatarios que intentan verificar que sus viviendas cumplan con el código contra incendios se enfrentarían a dificultades similares. Esta falta de acceso puede comprometer tanto la seguridad pública como el derecho a la información.
Diversas organizaciones han estado trabajando para proporcionar estos estándares al público de forma gratuita, sin importar si han sido incorporados a la ley. Sin embargo, el proyecto «Pro Codes» propone que a cambio de que las normas estén disponibles sin costo, el Congreso reconozca formalmente los derechos de autor de las asociaciones sobre estas leyes, lo que en la práctica limitaría el acceso a la información. Este pacto podría restringir el uso, la impresión y la distribución de estas normativas, dejando a los ciudadanos con acceso limitado a través de consultas en línea con condiciones específicas.
Los detractores del proyecto subrayan la falta de justificación para este enfoque, argumentando que los voluntarios que contribuyen a desarrollar estas normas no necesitan derechos de autor como incentivo. Además, las asociaciones industriales ya obtienen ingresos significativos a través de tarifas de membresía y programas de capacitación.
Desde un punto de vista constitucional, la propuesta podría ser vista como una violación de los derechos garantizados por las enmiendas Primera, Quinta y Decimocuarta, que protegen el derecho del público a acceder y compartir las leyes. A pesar de que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha dado su aprobación al proyecto, muchos miembros del Congreso están comenzando a darse cuenta de las consecuencias de permitir que corporaciones tengan control sobre el acceso a elementos cruciales del marco legal.
En medio de la presión ciudadana y la intervención de expertos, un número creciente de legisladores ha comenzado a reconsiderar su apoyo al proyecto. Con el avance de las discusiones sobre «Pro Codes», se espera que las organizaciones de estándares adopten un enfoque más accesible y transparente, mientras que la vigilancia ciudadana continúe siendo esencial para garantizar el acceso a la información legal. La comunidad clama por un acceso irrestricto a la ley, un aspecto fundamental para una sociedad informada y equitativa.
