El Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios de la ONU presentó este jueves su cuarto informe periódico sobre la situación migratoria en México, donde reconoció los esfuerzos legislativos e institucionales del país en la protección de los derechos de los migrantes. En el informe, se destacó la armonización de la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que ha permitido poner fin a la detención de menores y familias migrantes desde la reforma legal de 2020.
Sin embargo, a pesar de estos avances, el Comité también planteó preocupaciones significativas. Advertió sobre la falta de claridad y transparencia en los acuerdos entre México y Estados Unidos, tanto formales como informales, lo que podría conllevar la externalización del control fronterizo estadounidense y la tercerización de sus obligaciones internacionales en materia de asilo y derechos humanos.
El informe señala la grave situación de vulnerabilidad que enfrentan los nacionales de terceros países, quienes son devueltos a México y quedan expuestos a numerosos tipos de violencia y violaciones de derechos. También se cuestionaron las expulsiones aéreas toleradas por México hacia Chiapas, que dejan a los repatriados en condiciones de riesgo sin la información y el apoyo institucional necesarios.
El Comité hizo hincapié en que las nuevas medidas migratorias anunciadas por Estados Unidos para principios de 2025 podrían agravar la crisis humanitaria y el respeto a los derechos humanos en el norte de México. En respuesta, recomendó al gobierno mexicano aclarar los acuerdos migratorios y garantizar que cualquier cooperación cumpla con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo el principio de no devolución y el acceso a procedimientos de protección.
Además, exhortó a México a reforzar la protección de los derechos de sus trabajadores migrantes en el extranjero e intensificar los esfuerzos diplomáticos para asegurar que los países receptores respeten sus derechos laborales y humanos.
El informe también mostró preocupación por la creciente militarización de la gestión migratoria y la participación de empresas privadas de seguridad, así como el uso de operaciones de verificación migratoria por actores sin las facultades legales adecuadas. El Comité instó al gobierno a cesar la implicación de las fuerzas armadas en estas funciones y a poner fin a la externalización de políticas migratorias a actores privados.
Entre otras recomendaciones, se sugiere una revisión de la Ley de Migración para alinearla con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, así como fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y garantizar el acceso a servicios básicos para migrantes, sin importar su estatus migratorio.
La embajadora mexicana, Francisca Méndez Escobar, participó en la presentación del informe en Ginebra, reafirmando el compromiso de México con la protección de los derechos de los migrantes y su disposición para colaborar con la comunidad internacional en la mejora de las condiciones de movilidad humana.
