Las recientes políticas gubernamentales dirigidas hacia el crecimiento económico han comenzado a tener efectos adversos en la salud mental de las personas que viven en condiciones de pobreza. Según un nuevo informe presentado por Olivier De Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, se está desencadenando una preocupante «marea de mala salud mental» entre los ciudadanos más vulnerables debido a la obsesión por incrementar el producto interno bruto (PIB).
El informe revela que alrededor de 970 millones de personas en todo el mundo, lo que equivale al 11% de la población global, padecen algún tipo de trastorno mental. Lo que resulta particularmente alarmante es que las personas con ingresos bajos tienen hasta tres veces más probabilidades de padecer problemas de salud mental, como la depresión y ansiedad, en comparación con aquellos que cuentan con mayores recursos económicos.
De Schutter enfatiza que, mientras que el agotamiento mental es cada vez más reconocido como un problema en diversos sectores profesionales, la situación es aún más crítica para las personas que viven en la pobreza. Este grupo a menudo está empleado en trabajos informales y precarios, y carece de los recursos necesarios para enfrentar la crisis de salud mental que los afecta y que, con frecuencia, pasa inadvertida.
Durante una entrevista, el relator destacó cómo las desigualdades existentes generan una ansiedad constante en este segmento de la población. El miedo a perder lo poco que se tiene produce un estado de estrés permanente que puede derivar en depresión y otros trastornos mentales.
Además, el informe subraya que la flexibilización del empleo, una estrategia frecuentemente utilizada para promover el crecimiento económico, ha tenido un impacto negativo en la calidad de vida de los trabajadores con ingresos bajos. La eliminación de contratos estables y el aumento de los empleos a tiempo parcial han disminuido las garantías laborales y los salarios, elevando así el sufrimiento mental de estas personas.
De Schutter subrayó que, en la actual estructura económica, el desempleo a veces podría ser una opción más saludable que aceptar un empleo precario. A pesar de que no tener empleo también puede incrementar el riesgo de problemas de salud mental, el estrés de un trabajo inestable y las condiciones laborales adversas suelen ser aún más perjudiciales.
En un llamado a la acción, el relator especial instó a los gobiernos a tomar medidas urgentes para combatir el trabajo precario, sugiriendo la implementación de protecciones legales que garanticen empleo decente y salarios adecuados. Asimismo, recomendó crear un sistema que ofrezca a los trabajadores un aviso previo sobre sus horarios y asegure un número mínimo de horas de trabajo para aquellos con empleos parciales.
El informe también sugiere que la implementación de una renta básica universal podría ser una solución efectiva para mejorar la salud mental de las personas que viven en condiciones de pobreza, al proporcionarles un apoyo económico incondicional que contribuiría significativamente a su bienestar.
En conclusión, De Schutter argumenta que la búsqueda incesante de crecimiento ha resultado en una economía que, en lugar de erradicar la pobreza, ha intensificado la desigualdad extrema y ha causado consecuencias devastadoras para la salud mental de la población, afectando tanto a los sectores más desfavorecidos como a la clase media. El relator advierte que para abordar esta situación de manera efectiva es crucial dar prioridad a las necesidades sociales y el bienestar de las personas sobre el crecimiento económico desenfrenado.
