La reciente publicación de un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pone de relieve preocupantes disparidades en la mortalidad materna en América Latina y el Caribe. Las cifras revelan que las mujeres en situación de pobreza enfrentan tasas de mortalidad más de siete veces superiores en comparación con aquellas de ingresos más altos. Este sombrío hallazgo resalta una de las tantas desigualdades en salud que afectan a la región.
Los niños menores de cinco años de entornos desfavorecidos no están exentos de esta crisis sanitaria, ya que enfrentan un riesgo 4,5 veces mayor de morir respecto a los que nacen en familias adineradas. Las enfermedades crónicas también son más prevalentes entre las personas de menores ingresos, quienes tienen un 46% más de probabilidades de fallecer entre los 30 y 69 años a causa de estas condiciones. Los datos de 2019 indican, además, que la mortalidad vinculada a la falta de acceso a agua limpia y saneamiento es casi seis veces mayor en el quintil más pobre.
La urgencia de aumentar el gasto público en salud es evidente. En 2021, este gasto alcanzó solamente el 4,5% del PIB, un valor inferior al 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La insuficiencia del gasto público obliga a los hogares a desembolsar más del 28% de sus gastos de salud a través de pagos directos, una carga que fue aún mayor en 11 países donde superó el 35%.
Jarbas Barbosa, director de la OPS, ha enfatizado que cerca de tres de cada diez personas en la región no reciben atención médica adecuada. Señaló la necesidad imperiosa de invertir «más y mejor» en infraestructura, personal y tecnologías de salud. Por su parte, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, destacó que las deficiencias en financiamiento y la fragmentación de los sistemas de salud exigen una transformación de los modelos de desarrollo hacia enfoques más inclusivos y sostenibles que aseguren la protección social y el bienestar de todos los ciudadanos.
Estos alarmantes indicios demandan una acción coordinada y urgente de los gobiernos de América Latina y el Caribe para priorizar la salud como un derecho fundamental y no como un lujo, abogando por sistemas integrales que logren mitigar estas desigualdades que hoy colocan a los más vulnerables en una situación inadmisible de desventaja.
