La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha informado sobre una grave crisis humanitaria en el Catatumbo, un área del departamento de Norte de Santander en el noreste de Colombia, donde la intensificación de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales ha generado el desplazamiento de 41.236 personas. Este conflicto no solo ha afectado a la población local, sino que también ha impactado a los migrantes venezolanos que se encuentran atrapados en la violencia.
Según el informe presentado, la mayoría de las personas desplazadas ha buscado refugio en los municipios de Cúcuta, Tibú y Ocaña, donde las condiciones de vida se deterioran rápidamente. Al menos 12.520 personas permanecen confinadas en distintas localidades, lo que dificulta su acceso a recursos vitales como alimentos, agua y atención médica.
Desde que la violencia se intensificó el 16 de enero, se han contabilizado al menos 80 homicidios selectivos, así como 12 heridos, que incluyen el asesinato de cinco firmantes del acuerdo de paz. La situación ha interrumpido la educación de 46.032 niños, lo que también ha resultado en el desplazamiento de cerca de 500 docentes en la región.
Los menores no acompañados enfrentan riesgos particulares, incluyendo la posibilidad de ser víctimas de violaciones de derechos, reclutamiento forzado y violencia de género. Las comunidades indígenas, especialmente el pueblo Barí, se encuentran en una situación crítica, con al menos 23 comunidades en confinamiento.
Además, el acceso humanitario a las áreas afectadas ha sido severamente obstaculizado por la presencia de grupos armados y la existencia de minas antipersonal. Este contexto ha llevado al Consejo de Seguridad de la ONU a manifestar su preocupación. Carlos Ruiz Massieu, responsable de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, ha instado a los grupos armados a cesar las hostilidades y permitir el acceso a ayuda humanitaria.
Por su parte, el Secretario General de la ONU, António Guterres, ha condenado la violencia en la región y ha hecho un llamado urgente para proteger a los civiles y restablecer el orden en las áreas afectadas. La permanencia de estos enfrentamientos en territorios donde la presencia estatal es débil plantea serios desafíos para la estabilidad y seguridad de la población de Norte de Santander.
