En México, la situación de los defensores de los derechos indígenas es alarmante, tal como lo ha señalado Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Lawlor emitió un comunicado este viernes destacando las serias amenazas a la integridad y libertad de estos activistas, quienes se enfrentan a detenciones arbitrarias y penas severas. La relatora subrayó que diez defensores han sido condenados en procesos judiciales que presentan graves violaciones al debido proceso.
La funcionaria de la ONU expresó su inquietud sobre la criminalización de estos activistas por realizar actividades pacíficas en defensa de sus comunidades. Según ella, estas acciones judiciales no solo buscan castigar injustamente a los defensores, sino también desincentivar sus esfuerzos en pro de los derechos humanos. Algunos de estos activistas han sido acusados de crímenes serios, como asesinatos, pese a no encontrarse presentes en los lugares de los hechos. Colectivamente, las sentencias de nueve de estos defensores suman cerca de 300 años de prisión. Un caso emblemático es el de Pablo López Alavez, un líder zapoteca que lleva 14 años encarcelado sin sentencia, señalado como detenido arbitrario por un grupo de trabajo de la ONU desde el 2017.
Lawlor enfatizó un preocupante patrón de uso indebido del derecho penal contra líderes indígenas, situándolos en una posición de vulnerabilidad que limita su capacidad para defender a sus comunidades, especialmente en el contexto del desarrollo, explotación de recursos naturales y delincuencia organizada. La relatora también alertó sobre las repercusiones negativas que estas acciones tienen no solo sobre los individuos encarcelados, sino sobre sus comunidades.
Un rayo de esperanza apareció con la reciente revocación de la condena de David Hernández Salazar, uno de los activistas afectados. Lawlor catalogó este hecho como un avance positivo que sugiere la posible infundación de las otras acusaciones. Pidió a las autoridades mexicanas reevaluar las sentencias y retirar los cargos contra defensores como López Alavez, abogando por su liberación inmediata. Este llamamiento es parte de sus esfuerzos por asegurar un entorno más seguro para los defensores de derechos humanos en México.
