En 2015, el lanzamiento de «The Foilies» por parte de la Electronic Frontier Foundation (EFF) marcó un hito en la lucha por la transparencia gubernamental en Estados Unidos. Este informe anual, que combina humor y crítica, ofrece «premios» a las agencias y funcionarios que demuestran un notable desprecio por la Ley de Libertad de Información (FOIA) y otras normativas de acceso a registros públicos. A lo largo de una década, «The Foilies» ha puesto de relieve cómo muchas instituciones parecen más interesadas en evadir sus obligaciones de rendir cuentas que en proporcionar la información requerida por los ciudadanos.
La EFF, en colaboración con MuckRock, ha recolectado y expuesto una serie de incidentes que reflejan la incoherencia y el desdén hacia la transparencia. Celebrando la «Sunshine Week», un evento que subraya la vital importancia del acceso a información pública, estas organizaciones han llevado sus denuncias a periódicos y plataformas de noticias independientes, con la intención de fomentar un debate sobre los problemas que enfrenta este derecho fundamental en una democracia.
Uno de los ejemplos más reveladores fue la respuesta del Departamento de Defensa de EE.UU. en 2016, al recibir una solicitud sobre un dispositivo específico. La estimación de costo de 660 millones de dólares y 15 millones de horas laborales para responder fue desproporcionada y provocó una fuerte crítica, destacando la falta de un sistema de búsqueda eficaz que obligaría al personal a revisar manualmente una cantidad ingente de contratos.
Casos similares han surgido en diversas localidades. La ciudad de Seattle intentó cobrar 33 millones de dólares por acceder a metadatos de correos electrónicos, aunque posteriormente ajustó la tarifa a una cantidad mucho más razonable. En otro caso, el distrito escolar de Rochester, Michigan, disparó la cifra a 18,6 millones de dólares por documentos solicitados por un padre, argumentando la necesidad de revisar cada correo electrónico asociado.
Las circunstancias han sido aún más inquietantes en el ámbito de la prensa. En White Castle, Luisiana, un periodista fue encarcelado tras intentar conseguir registros sobre el salario del alcalde, quien además controlaba el tribunal que juzgó el caso. Estas actitudes reflejan un patrón alarmante de hostilidad hacia quienes persiguen la transparencia.
El FBI también ha sido objeto de múltiples críticas por sus reticencias en cumplir con la FOIA, acentuando la preocupación sobre su comportamiento hacia los solicitantes de información. Sus demoras injustificadas y tácticas de vigilancia han contribuido a reforzar una imagen negativa en torno a su compromiso con la transparencia.
El departamento de policía de Chicago ha mostrado una resistencia notable a cumplir con solicitudes de FOIA, lo que se hizo evidente cuando la exalcaldesa Lori Lightfoot apuntó que atender estas solicitudes interferiría con la respuesta de la ciudad ante la pandemia de COVID-19.
Con el inicio de una nueva década, se plantean interrogantes sobre el futuro de la transparencia gubernamental. ¿Continuarán estas tendencias obstruccionistas, o se vislumbra la posibilidad de cambios significativos en cómo se gestionan las solicitudes de información pública? A medida que se avecinan nuevos desafíos, la sociedad seguirá vigilante frente a las tácticas de las autoridades, en un contexto donde el acceso a la información es más vital que nunca.
