El 12 de octubre, la Electronic Frontier Foundation (EFF), en colaboración con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la ACLU de Mississippi, presentó un escrito de amicus curiae en un tribunal de apelaciones federal. Esta acción busca mantener la suspensión de la ley HB 1126 de Mississippi, una legislación que implementa restricciones de verificación de edad para los usuarios de servicios de redes sociales.
En su documento dirigido al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU., la EFF argumenta que la ley HB 1126 representa una «censura extraordinaria» que infringe los derechos de la Primera Enmienda de los usuarios de internet. La normativa exige que las plataformas de redes sociales verifiquen la edad de cada usuario, solicitando que los menores obtengan un consentimiento explícito de sus padres antes de acceder a ciertos contenidos en línea. Además, la ley presiona a estas plataformas para que monitoreen y censuren contenido, incluso cuando involucra discursos protegidos constitucionalmente.
Una corte de distrito federal ya había frenado la implementación de esta ley, señalando que probablemente violaba la Primera Enmienda. La principal preocupación de la EFF es el efecto negativo que la ley podría tener sobre la libertad de expresión de los jóvenes, ya que argumentan que los menores tienen derechos iguales a los adultos para participar en discusiones protegidas en línea.
Las redes sociales no solo son espacios de entretenimiento, sino importantes plataformas donde los jóvenes pueden explorar su identidad, compartiendo arte, religión o participando en actividades políticas. Según el escrito, el acceso de los menores a estos espacios es vital para su desarrollo en la sociedad.
La HB 1126 también impone restricciones innecesarias a la libertad de expresión de los adultos, al requerir verificación de edad para acceder a las redes, lo que podría excluir a millones de adultos sin identificación emitida por el gobierno. Además, socava el derecho a la privacidad y el anonimato, exponiendo a los usuarios al riesgo de acoso.
El proceso de verificación de edad también genera preocupaciones de privacidad, obligando a las plataformas a recopilar datos sensibles y convirtiéndose estos en potenciales objetivos para hackers. La EFF advierte que vincular las interacciones digitales de los usuarios a sus identidades reales puede desalentar la expresión personal y el acceso a contenidos sensibles.
Intentos similares en otros estados ya han sido bloqueados judicialmente al ser considerados inconstitucionales por restringir el acceso a discursos protegidos. La EFF y la ACLU instan al tribunal a continuar bloqueando la HB 1126 para salvaguardar los derechos digitales de menores y adultos por igual.
