En un esfuerzo conjunto por resguardar los derechos de privacidad de los viajeros, la Electronic Frontier Foundation (EFF), en colaboración con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, ha presentado un amicus brief ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. El objetivo es solicitar que se requiera una orden judicial para realizar búsquedas en dispositivos electrónicos en las fronteras. Este es un argumento que la EFF ha sostenido de manera consistente en distintas instancias judiciales y legislativas durante casi una década.
El caso que ha motivado esta acción, U.S. v. Kamaldoss, atañe a la prosecución penal de un individuo cuyos dispositivos electrónicos, un teléfono celular y una computadora portátil, fueron sometidos a una intensa búsqueda forense tras su llegada al aeropuerto JFK de Nueva York. A diferencia de una búsqueda manual, que permite a un oficial fronterizo inspeccionar superficialmente el aparato, una búsqueda forense implica el uso de equipos y software especializado para extraer información detallada de los dispositivos, lo que podría proporcionar un retrato minucioso de las actividades y comunicaciones del propietario.
Las evidencias derivadas de estas búsquedas forenses resultaron en la acusación formal de Kamaldoss por tráfico de medicamentos recetados. El tribunal de primera instancia validó la legalidad de las búsquedas, basándose en la existencia de sospechas razonables de que el acusado participaba en actividades ilícitas relacionadas con la importación de drogas, lo que justificaría la aplicación de la excepción para búsquedas en la frontera.
El número de búsquedas de dispositivos en la frontera, realizadas sin orden, ha crecido notoriamente. Durante el año fiscal 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) llevó a cabo más de 41,000 búsquedas de este tipo, lo cual representa una intrusión significativa en la privacidad de los viajeros. Tradicionalmente, el Tribunal Supremo ha autorizado una excepción para las búsquedas fronterizas, permitiéndolas sin orden judicial bajo el pretexto de interceptar contrabando y otros artículos ilícitos planeados para entrar al país.
La EFF argumenta que el criterio del caso Riley v. California (2014) debe aplicarse a las búsquedas en frontera. En Riley, el Tribunal Supremo dictaminó que, tras un arresto, la revisión de datos en un teléfono celular requiere de una orden judicial, dado que estos dispositivos almacenan una amplia cantidad de información personal y sensible, incluyendo creencias políticas, estado financiero y vínculos personales.
La posición de la EFF es que, si bien el gobierno pretende un acceso sin restricciones a los datos digitales en las fronteras, estos intereses son relativamente débiles. Primero, argumentan que los bienes físicos, como drogas, no estarán presentes en los datos digitales. En segundo lugar, sugieren que ciertos tipos de contrabando digital son imposibles de prevenir a través de búsquedas sin orden, debido a la tecnología en la nube.
Adicionalmente, la organización afirma que las búsquedas de dispositivos en busca de evidencia de contrabando no se alinean con la razón original para las excepciones de búsqueda en la frontera. Si el Segundo Circuito no se ve inclinado a exigir una orden para dichas búsquedas, la EFF propone que se realicen únicamente con sospecha razonable y se limiten a la detección de contrabando digital.
Para finalizar, se ha destacado que ciertos tribunales de distrito dentro del Segundo Circuito ya han requerido órdenes para búsquedas en dispositivos en la frontera, fortaleciendo así la posición de la EFF. Este circuito podría ser pionero en el pleno respeto de los derechos otorgados por la Cuarta Enmienda a los viajeros en las fronteras.
