En un movimiento que ha generado gran controversia en torno a la privacidad y la seguridad de datos, la Electronic Frontier Foundation (EFF), junto a una coalición de defensores de la privacidad liderada por Lex Lumina, ha presentado una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esta acción legal busca frenar la divulgación de información privada y sensible de millones de estadounidenses por parte de la Oficina de Administración de Personal de EE. UU. (OPM) al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), entidad creada por Elon Musk.
La demanda es presentada en nombre de dos sindicatos de trabajadores y varios empleados actuales y anteriores del gobierno federal. Además de requerir la suspensión de cualquier futura divulgación de datos, se exige la eliminación de cualquier información ya compartida con DOGE. En el documento de la demanda, se argumenta que la OPM y su director interino, Charles Ezell, han violado la Ley de Privacidad de 1974 al ceder registros de personal a esta nueva institución.
El expediente incluye testimonios de representantes de sindicatos implicados, como la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) y la Asociación de Jueces Administrativos. Entre los demandantes también se encuentran Vanessa Barrow, empleada del Centro Médico de Veteranos de Brooklyn, y George Jones, presidente de AFGE Local 2094. La OPM gestiona uno de los mayores acervos de datos sensibles del país, abarcando información personal identificable, detalles salariales, registros de salud y datos financieros, que afectan a decenas de millones de trabajadores federales, jubilados y postulantes a empleos en la administración pública.
La OPM ha sido objeto de críticas previas debido a violaciones a la privacidad. Un caso destacado ocurrió en 2015, cuando una brecha de datos comprometió la información personal de más de 22 millones de personas. La Ley de Privacidad de 1974 impone restricciones estrictas sobre la divulgación de registros sensibles sin el consentimiento de los individuos afectados, con el fin de proteger a los ciudadanos de un uso indebido de sus datos por parte del gobierno.
La queja presentada hace hincapié en que no existe justificación legal para que DOGE tenga acceso a estos datos. Se argumenta que la acción de la OPM que permite este acceso sin control pone en riesgo la privacidad y la seguridad de millones de estadounidenses. La EFF, que ha luchado durante más de tres décadas por los derechos a la privacidad digital, ha estado involucrada en numerosos casos críticos para defender estos principios fundamentales.
