La Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización que ha defendido los derechos de los usuarios de tecnología durante casi 35 años, ha manifestado su inquebrantable apoyo al desafío presentado por el bufete de abogados Perkins Coie contra una reciente orden ejecutiva emitida por la administración Trump. Esta orden ha sido calificada como sorprendente, vengativa e inconstitucional, pues sanciona al bufete por su defensa activa de sus clientes, lo que la EFF considera una violación de la Primera Enmienda, del estado de derecho y de los principios del ejercicio legal.
La organización resalta que las demandas contra el gobierno federal son una parte crucial del sistema de controles y equilibrios que sustenta la democracia en Estados Unidos. Estas acciones judiciales representan una confianza en el poder judicial para resolver conflictos de manera justa y en la capacidad del poder ejecutivo para acatar esas decisiones. Históricamente, este marco ha sido fundamental para prevenir el autoritarismo y ha sido parte de la jurisprudencia estadounidense desde el célebre caso Marbury v. Madison en 1803.
La EFF advierte que la implementación de la orden ejecutiva no solo afectaría negativamente el funcionamiento del sistema de justicia, sino que también establecería un peligroso precedente, en el que los despachos de abogados que defiendan a clientes en oposición a la administración podrían enfrentar represalias por cumplir con sus deberes profesionales.
Entre las múltiples preocupaciones constitucionales que presenta la orden ejecutiva se encuentra el intento del gobierno de distorsionar el sistema legal al controlar qué argumentos pueden ser presentados por los abogados. Asimismo, se interpreta como una represalia inconstitucional por el ejercicio de un discurso protegido durante la defensa de los clientes de Perkins Coie, y se argumenta que la orden actúa como una especie de juramento de lealtad ilegal para la profesión legal, condicionando el acceso a los tribunales federales y las relaciones con contratistas gubernamentales a la lealtad hacia el ejecutivo.
Los defensores de las libertades civiles, como la EFF, dependen del estado de derecho y del acceso a los tribunales para salvaguardar los derechos fundamentales tanto de sus clientes como del público en general. Desde esta óptica, se sostiene que la orden ejecutiva representa un ataque directo a los principios esenciales de la democracia estadounidense y se solicita su inmediata anulación por parte de los tribunales, así como una condena unánime por parte de toda la comunidad legal.
