Recientemente, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha hecho causa común con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y diversas organizaciones de defensa legal de diferentes ideologías para presentar un «amicus brief» ante un juez federal. Este documento solicita la anulación de un decreto ejecutivo emitido por el expresidente Donald Trump, que impone restricciones al bufete de abogados Perkins Coie, conocido por su labor en defensa de los derechos de voto y por representar a opositores políticos del gobierno.
Con casi 35 años defendiendo los derechos de los usuarios de tecnología, la EFF ha manifestado su apoyo a la resistencia de Perkins Coie ante lo que considera un mandato inconstitucional y vengativo. En su argumentación, la EFF sostiene que el decreto, promulgado el 6 de marzo, no solo infringe la Primera Enmienda, sino que también compromete el estado de derecho y la integridad de la profesión legal. La organización subraya que las demandas contra el gobierno federal son un componente vital del sistema de pesos y contrapesos que sustenta la democracia estadounidense.
El documento advierte que, en caso de que el decreto permanezca en vigor, las tácticas de presión tendrán un impacto perjudicial en la capacidad de los ciudadanos para acceder a asesoría legal en asuntos cruciales, además de afectar su derecho a organizar sus asuntos personales y comerciales a su manera. El texto enfatiza que la ejecución del decreto quebrantaría una tradición y establecería un precedente alarmante, donde las firmas de abogados que representen a clientes adversos a una administración puedan ser castigadas por cumplir con su deber profesional.
Este escenario se describe como un abuso del poder ejecutivo, presentando problemas constitucionales serios, incluida la violación de la Primera Enmienda, que prohíbe al gobierno manipular el sistema legal mediante el control de los argumentos que los abogados pueden presentar. Además, el decreto se interpreta como una represalia inconstitucional contra Perkins Coie por ejercer un derecho protegido por la Constitución durante la representación de sus clientes. La separación de poderes y el derecho de los litigantes a elegir a sus defensores, protegidos por la Quinta y Sexta Enmienda, también estarían en riesgo.
La EFF concluye su declaración instando al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a anular el decreto con celeridad y demandando a la profesión legal en su conjunto que condene esta acción. Con algunas grandes firmas de abogados optando por no hacer frente a este problema, la EFF destaca la necesidad urgente de que la comunidad legal se una en defensa de estos principios fundamentales que sustentan la democracia y el imperio de la ley.
