Hoy, la Cámara de Representantes de EE. UU. ha dado un paso significativo al aprobar el controvertido proyecto de ley conocido como TAKE IT DOWN. Esta legislación brinda a los poderes establecidos una nueva y problemática vía para influir en las plataformas digitales, permitiéndoles eliminar contenidos legítimos que puedan resultar incómodos o desfavorables. El expresidente Donald Trump ha manifestado su intención de emplear esta ley para silenciar a sus críticos, en una clara manifestación de cómo la política puede entrelazarse con la censura.
El contenido abarcado por la cláusula de eliminación de esta ley es considerablemente amplio. Se contempla eliminar desde imágenes íntimas hasta cualquier material que pueda incluir temas sensibles, lo cual se aleja de las definiciones más específicas de «imágenes íntimas no consensuadas». Una preocupante falta de salvaguardias también se evidencia en la ausencia de medidas contra solicitudes de eliminación que puedan ser frívolas o malintencionadas. Las plataformas en línea se verán obligadas a confiar en filtros automatizados, conocidos por su ineficiencia y por eliminar frecuentemente contenidos legales, incluidos comentarios legítimos y reportajes periodísticos.
La ley exige que cualquier contenido marcado para eliminación sea eliminado en un plazo máximo de 48 horas, un tiempo que no suele ser suficiente para verificar la legalidad del discurso en cuestión. Esta presión probablemente llevará a muchos servicios, especialmente a aquellos más pequeños, a optar por eliminar contenido de forma cautelosa en lugar de arriesgarse a consecuencias legales al considerar los casos de eliminación.
El enfoque del Congreso para resolver los problemas relacionados con la difusión no consentida de imágenes íntimas ha suscitado profundas preocupaciones. TAKE IT DOWN obliga a las plataformas a monitorear aún más el discurso, incluyendo comunicaciones que actualmente están encriptadas. Esto representa una amenaza significativa para la seguridad y la privacidad en línea. Aunque la intención de abordar un problema serio es evidente, queda claro que las buenas intenciones sin una estructura adecuada pueden terminar generando más problemas que soluciones. Los legisladores deberían enfocarse en fortalecer y hacer cumplir las leyes existentes que protegen a las víctimas, en lugar de implementar nuevos regímenes de eliminación propensos al abuso.
