En el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se abordó un tema de creciente relevancia: los derechos de la naturaleza. La directora jurídica para América Latina del Earth Law Center, Constanza Prieto, destacó la diferencia fundamental entre los derechos de la naturaleza y la tradicional normativa medioambiental. Según Prieto, mientras que el enfoque convencional trata a la naturaleza como un recurso que puede ser explotado hasta un límite, los derechos de la naturaleza la consideran un sujeto con dignidad, que merece respeto y protección en su propio derecho.
Prieto subrayó la urgencia de establecer una legislación que promueva el respeto a los límites naturales y proteja los ecosistemas, lo que podría conducir a un cambio transformador tanto para la humanidad como para el planeta. En este sentido, la doctora Kelsey Leonard, experta en Derecho de la Naturaleza de la Universidad de Waterloo, describió esta nueva perspectiva como un árbol con múltiples ramas que incluye no solo los derechos de la naturaleza, sino también los derechos de los animales y los derechos indígenas.
Durante su intervención, Prieto abordó el concepto de ecocidio, que implica la criminalización de la destrucción masiva de ecosistemas, y resaltó que los derechos de la naturaleza están intrínsecamente ligados a los derechos de los pueblos indígenas. Estos pueblos, que históricamente han sido los guardianes de la naturaleza, dependen de ella para su cultura, identidad y medios de subsistencia.
Un ejemplo destacado por Prieto fue el del río Marañón en Perú, donde las mujeres del pueblo indígena Kukama lograron, tras dos décadas de lucha, que el Estado reconociera los derechos del río y designara a estas comunidades como sus guardianes. Este reconocimiento se produjo tras la afectación del ecosistema y la autodeterminación de la comunidad debido a vertidos de petróleo en la zona.
La mentalidad cultural es otro aspecto crucial para asegurar una adecuada protección de la naturaleza. Prieto insistió en que si los individuos valoran su conexión con el entorno, estarán más dispuestos a protegerlo. En Ecuador, el 90% de los casos relacionados con el derecho de la naturaleza son promovidos por la sociedad civil, un contraste significativo con otros países como Bolivia, donde la movilización social es débil.
Prieto abogó por una mayor visibilidad de las problemáticas locales en espacios internacionales, argumentando que esto permite a las comunidades ser escuchadas y genera presión sobre los Estados para que cumplan con las leyes relativas a la naturaleza. En definitiva, concluyó que es esencial que las comunidades amplifiquen su voz a nivel internacional para promover cambios significativos en la protección de la naturaleza y sus derechos asociados.
