En medio de un creciente debate sobre la regulación del uso de redes sociales entre los más jóvenes, la enmienda SB 976 de California ha suscitado un amplio análisis desde su implementación en septiembre de 2024. Esta legislación, conocida como la Ley para Proteger a Nuestros Jóvenes de la Adicción a las Redes Sociales, introduce restricciones significativas que alteran notablemente la experiencia digital de los menores.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la exigencia de obtener el consentimiento parental antes de que los menores puedan acceder a sistemas de recomendación personalizados en plataformas sociales. A partir de 2027, estas plataformas deberán establecer un sistema de verificación de edad, lo que podría resultar en la exclusión de muchos adolescentes de funciones clave que facilitan su interacción diaria en línea. Los críticos de esta ley señalan que, con la implementación de la verificación de edad, se corre el riesgo de que los menores se vean privados de contenido que es esencial para su socialización digital.
En respuesta a estas preocupaciones, el Electronic Frontier Foundation (EFF), junto con la Freedom to Read Foundation y Library Futures, ha intervenido en el caso NetChoice contra Bonta. Estas organizaciones han presentado un escrito de amicus curiae ante el Noveno Circuito de Apelaciones, solicitando la revocación de una decisión previa del tribunal de distrito que denegó una orden judicial preventiva contra la SB 976. Los defensores de la libertad de expresión argumentan que la legislación no solo afecta a los derechos de los jóvenes, sino que también limita el acceso de los adultos a discursos legítimos y al respeto por su privacidad.
El tribunal de distrito había considerado que los feeds personalizados no tienen carácter expresivo, y por lo tanto carecen de protección bajo la Primera Enmienda. No obstante, el EFF ha cuestionado esta interpretación, sosteniendo que los algoritmos detrás de estas recomendaciones reflejan decisiones editoriales que impactan la forma en que los usuarios interactúan y generan contenido.
El EFF espera que el Noveno Circuito reconozca la dimensión expresiva de los sistemas de recomendación personalizadas y que esta ley, al imponer nuevas restricciones, represente un obstáculo para los derechos de expresión de todos los usuarios, dificultando así la comunicación anónima y el acceso a la información. Este caso se inscribe dentro de un contexto más amplio de desafíos legales en torno a regulaciones estatales y federales que intentan manejar el uso de redes sociales entre jóvenes, y que paralelamente afectan a la población adulta. Los desenlaces de este litigio podrían establecer un precedente significativo sobre la protección de los derechos de expresión en la era digital.
