Un tribunal federal de Nueva York ha dado un giro significativo en la lucha por la protección de la información personal de millones de estadounidenses al permitir que continúe una demanda que busca frenar la divulgación de datos sensibles por parte de la Oficina de Administración de Personal (OPM) a la recién creada «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE), iniciativa del magnate Elon Musk. La jueza Denise L. Cote, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, ha rechazado parcialmente una moción presentada por el gobierno el 11 de febrero, que intentaba desestimar esta acción legal.
Este fallo es considerado una victoria para los demandantes, compuestos por dos sindicatos que representan a empleados gubernamentales actuales y anteriores a nivel nacional. La corte ha considerado que hay fundamentos suficientes para que la denuncia avance, argumentando que la OPM podría haber violado la ley al compartir registros personales extremadamente sensibles con el DOGE. La jueza Cote señaló que los actuales y exempleados federales tienen derecho a solicitar un alivio por mandato judicial bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), contradiciendo así las afirmaciones de los demandados.
El tribunal enfatizó que la demanda plantea la posibilidad de que las acciones de la OPM no se alinearon con sus operaciones habituales, sugiriendo que estas fueron ilegales y apresuradas. Además, se ha afirmado que el DOGE sobrepasó los límites establecidos por el Congreso al recibir información confidencial. La OPM gestiona una vasta cantidad de datos sensibles, que incluyen nombres, números de seguridad social y otra información crítica sobre millones de empleados federales y jubilados.
La demanda, impulsada por organizaciones como la Fundación Electronic Frontier (EFF) y varios sindicatos, alega que la OPM y su director interino, Charles Ezell, han infringido la Ley de Privacidad de 1974 al divulgar registros de personal a DOGE sin el consentimiento de los afectados. Entre los sindicatos que respaldan la acción legal se encuentran la American Federation of Government Employees AFL-CIO y la Association of Administrative Law Judges, International Federation of Professional and Technical Engineers Judicial Council 1 AFL-CIO. El presidente nacional de la AFGE, Everett Kelley, ha declarado que este fallo refuerza la importancia de proteger los datos personales de los ciudadanos que se encuentran bajo la custodia del gobierno.
La OPM ha sido objeto de críticas en el pasado debido a violaciones de seguridad que pusieron en riesgo la información privada de millones de personas. Aunque la Ley de Privacidad establece restricciones claras sobre la divulgación de datos sensibles, la lucha por la protección de esta información sigue siendo un desafío relevante en el contexto actual de tecnología y vigilancia. La jueza Cote ha permitido que avance la solicitud de un mandato cautelar, subrayando así la necesidad de proteger la privacidad de los ciudadanos frente a posibles abusos en la gestión de sus datos personales.
