El Senado de Estados Unidos ha aprobado la Ley TAKE IT DOWN (S. 146) en una votación a viva voz, cuyo principal objetivo es facilitar la eliminación de imágenes íntimas no consensuadas, así como de vídeos que imitan a personas reales, comúnmente conocidos como «deepfakes». Aunque la medida busca proteger a las víctimas de violaciones a su privacidad, ha generado preocupaciones sobre su implementación y posibles consecuencias adversas.
La legislación establece un sistema de “aviso y eliminación” que ha sido criticado por poner en peligro la libertad de expresión, la privacidad de los usuarios y el debido proceso. Activistas y expertos en derechos digitales han alertado que, si se aprueba sin modificaciones, esta normativa podría censurar contenido legal, afectando no solo a individuos, sino también a medios de comunicación y organizaciones que dependen de la sátira o análisis crítico.
Antes de la votación, varias organizaciones, entre ellas la Electronic Frontier Foundation (EFF) y el Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT), solicitaron cambios en la ley. En una carta dirigida a los senadores, argumentaron que la disposición de «toma de contenido» abarca un rango demasiado amplio y no incluye protecciones adecuadas contra solicitudes de eliminación que sean frívolas o de mala fe.
La redacción actual de la ley obliga a las plataformas y aplicaciones a retirar el contenido en un plazo de 48 horas, lo que podría generar problemas, especialmente para los servicios más pequeños, que no tendrían el tiempo necesario para verificar la veracidad de las reclamaciones. Esto incrementaría el riesgo de censura errónea. Además, se plantea que los proveedores de servicios de mensajería encriptada tendrían dificultades para cumplir con dichas notificaciones, dado que no pueden acceder a los mensajes en sus plataformas.
Los críticos de la ley sostienen que el Congreso debería centrarse en hacer cumplir y mejorar las leyes existentes que abordan la problemática de las imágenes íntimas no consensuadas, en lugar de optar por un enfoque tan amplio de eliminación, susceptible a abusos. Ante esta situación, se está instando a la ciudadanía a que actúe y exija a sus representantes en la Cámara de Representantes que se opongan a esta legislación, en un momento donde la protección de los derechos digitales se encuentra en un punto crítico.
