La reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), emitida el 7 de noviembre de 2024, ha generado un profundo debate en el ámbito legal, especialmente en torno a la Ley de la Segunda Oportunidad que entrará en vigor en 2025. Esta sentencia permite a los Estados miembros establecer restricciones en la exoneración de deudas con la Agencia Tributaria, lo que ha sido minuciosamente analizado por expertos del despacho Atalanta y Abogadas.
Un aspecto vital señalado por los juristas es el énfasis de la resolución en «la buena fe» del deudor como criterio esencial para acceder a la exoneración de deudas. La Directiva Europea, respaldada por el TJUE, señala que no solo los deudores considerados «deshonestos» podrían ser excluidos de esta medida, sino también aquellos que hayan cometido negligencias significativas en la gestión de sus finanzas. Esto implica que, incluso sin dolo, un deudor podría enfrentar sanciones si ha demostrado descuidos notables, como no prever sus obligaciones de pago.
Además, el TJUE ha ampliado la lista de excepciones en la exoneración de deudas. Según la Directiva (UE) 2019/1023, los Estados tienen la facultad de definir y justificar qué categorías de deudas pueden ser excluidas de esta exoneración, incluyendo deudas de derecho público, siempre que se respete el principio de proporcionalidad. En España, la legislación concursal ya contempla la exclusión de ciertas deudas públicas de esta medida, justificada por un interés público legítimo, buscando mantener una sociedad equitativa y solidaria.
La sentencia subraya la obligación de los Estados de justificar cualquier restricción bajo el principio de proporcionalidad. Esto significa que no se deben imponer limitaciones desmesuradas y que las excepciones deben corresponder a un interés público legítimo.
La resolución del TJUE confiere a los países, incluida España, mayor autoridad para establecer restricciones en la exoneración de deudas conforme a la Ley de la Segunda Oportunidad de 2025, especialmente en relación con deudas públicas. La medida destaca la importancia de la transparencia y la diligencia hacia los deudores, impactando directamente a aquellos con obligaciones fiscales pendientes.
