La economía social se está consolidando como un modelo económico que prioriza a las personas y el interés colectivo, poniendo énfasis en la cooperación, la solidaridad y la sostenibilidad en lugar del beneficio individual. Este enfoque cobra especial relevancia en un contexto marcado por crisis económicas y sociales que han puesto de manifiesto desigualdades estructurales, haciendo de la economía social una alternativa resiliente y transformadora.
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, la economía social se presenta como un instrumento clave para alcanzar una recuperación inclusiva y sostenible. Este plan, alineado con los objetivos de cohesión social y transición ecológica de la Unión Europea, destaca la economía social como motor fundamental para el desarrollo económico y social en el país.
Los principales actores de la economía social incluyen cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, fundaciones, asociaciones y empresas sociales, todas ellas unidas por un objetivo común: anteponer el bienestar colectivo al lucro económico. En España, este sector está compuesto por más de 74,000 empresas que emplean a alrededor de 2.5 millones de personas, abarcando una amplia gama de sectores como la agricultura, la educación, la sanidad y las finanzas.
Los principios que rigen la economía social se fundamentan en la primacía de las personas y el objetivo social sobre el capital, así como en una gestión democrática y participativa, la solidaridad, el compromiso con el territorio y la reinversión de beneficios en proyectos sociales. Estas características la diferencian claramente de otros modelos económicos tradicionales.
Sin embargo, la economía social también enfrenta desafíos, especialmente en lo que respecta a la promoción de la inclusión social. A través de iniciativas como empresas de inserción laboral, este modelo se esfuerza por ofrecer empleo y formación a colectivos en riesgo de exclusión, contribuyendo así a la cohesión social.
El impacto de la economía social en España es relevante, representando aproximadamente el 10 % del PIB nacional. Durante la pandemia de COVID-19, las entidades de economía social demostraron una notable resiliencia, adaptándose rápidamente y manteniendo su compromiso con las comunidades y los trabajadores.
Con la implementación del Plan de Recuperación, el Gobierno español se ha comprometido a fortalecer este sector mediante la aprobación de la Ley Integral de Impulso a la Economía Social y la creación de un Hub de Vanguardia de la Economía Social. Este esfuerzo cuenta con una inversión de más de 2,500 millones de euros de los fondos europeos, con el objetivo de consolidar y modernizar sectores clave a través de la digitalización y el desarrollo sostenible.
Con esta inversión ambiciosa y un enfoque inclusivo, se espera que la economía social no solo contribuya a la recuperación económica, sino que también impulse un modelo más humano y sostenible para el futuro de España.
