Esta mañana, fuerzas israelíes armadas llevaron a cabo una operación en tres escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ubicadas en Shufat, Jerusalén Oriental. Esta acción obligó a evacuar a más de 550 estudiantes, en medio de un clima de creciente tensión. La intervención se produjo tras la orden del Ministerio de Educación israelí, que instó al cierre de estas instituciones, las cuales operan bajo un mandato avalado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Como resultado de este asalto, UNRWA se vio obligada a cerrar un total de seis escuelas en la región. Un funcionario de la agencia fue detenido, lo que ha generado un profundo impacto en la comunidad escolar, dejando a aproximadamente 800 menores en un estado de shock. El representante de UNRWA en Cisjordania subrayó que la legislación israelí que prohíbe las actividades de la agencia en Jerusalén Este es ilegal y constituye una grave violación de los compromisos de Israel como miembro de la ONU, de acuerdo al derecho internacional. La organización ha condenado este ataque, haciendo un urgente llamado a la comunidad internacional para que respete el mandato de UNRWA y garantice un espacio humanitario en la región.
En paralelo, la crisis alimentaria en Gaza continúa empeorando tras más de nueve semanas de un estricto bloqueo israelí. Desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo, se ha observado el cierre de uno de cada tres comedores comunitarios, disminuyendo la producción diaria de comidas en un 25%. Esta reducción ha llevado de 1,08 millones de comidas a tan solo 823.000, con proyecciones que advierten sobre un futuro descenso a 440.000. Más de 100 cocinas han cerrado debido a la escasez de suministros, lo que amenaza la seguridad alimentaria de la población, mientras que el precio de la harina ha aumentado 30 veces, intensificando las tensiones sociales y los riesgos en las instalaciones todavía operativas.
En otro ámbito, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha responsabilizado a Guatemala por el desplazamiento forzado de pueblos indígenas, señalando que el estado es internacionalmente culpable por no aplicar acuerdos de reparación para 269 miembros de las comunidades Maya K’iche’, Maya Ixil y Maya Kaqchikel. Las víctimas continúan enfrentando desarraigo y pérdida de identidad cultural, consecuencia de las operaciones de «tierra arrasada» llevadas a cabo en los años 80. El Comité ha instado al gobierno guatemalteco a cumplir con las reparaciones y asegurar la dignidad de las personas afectadas.
Por último, la situación en Sudán también es crítica. Recientes ataques aéreos en el principal puerto del país han puesto en peligro la respuesta humanitaria. El Secretario General de la ONU ha expresado su preocupación por estos bombardeos, que han desplazado a miles de personas y dejado a millones sin acceso a servicios esenciales. Ha exigido un cese inmediato de las hostilidades y un retorno al diálogo como única vía para alcanzar una paz duradera.
