En la madrugada del 19 de marzo de 2010, un trágico evento marcó la vida de dos familias en México. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, fueron ejecutados por elementos del Ejército mexicano tras salir de la universidad. La versión oficial los presentó como sicarios abatidos en un enfrentamiento, pero, quince años después, sus familias siguen luchando por una justicia integral que rehabilite la memoria de sus seres queridos.
Jorge, originario de Saltillo, había destacado desde pequeño en la gimnasia y se enfocaba en su formación en ingeniería. Javier, nacido en Todos los Santos, Baja California, era un estudiante dedicado y meticuloso. El día anterior a la tragedia, Jorge aseguró a su madre, Rosa Elvia Mercado Alonso, que no debía preocuparse por la falta de contacto, ya que estaba ocupado trabajando junto a Javier.
La mañana del 19 de marzo, ambos padres se alarmaron al enterarse de un enfrentamiento cerca del campus. Joel Medina Salazar, padre de Jorge, recordó la angustia al escuchar que dos sicarios habían sido abatidos. Desesperados, viajaron de Saltillo a Monterrey en busca de noticias. Sin embargo, su búsqueda culminó de manera devastadora al encontrar los cuerpos de los jóvenes en el Servicio Médico Forense, desfigurados y maltratados.
Nueve años después, el Ejército se acercó a la familia para ofrecer cubrir los gastos funerarios, un acto que generó indignación. A lo largo de los años, las familias han persistido en su búsqueda de justicia, apoyadas por activistas y la labor de ONU Derechos Humanos en México. En diciembre de 2024, se dictó una sentencia contra cinco miembros del Ejército responsables de ejecutar a Jorge y Javier y de alterar la escena del crimen. A pesar de esta sentencia, para Jesús Arredondo Rodríguez, tío de Javier, el camino hacia una justicia plena aún está lejos de completarse.
Las historias de Jorge y Javier se alinean con otros casos emblemáticos de violencia en México donde la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha llevado a un ciclo de violaciones de derechos humanos. El caso de Armando Humberto del Bosque Villarreal, quien fue desaparecido forzosamente en 2013, es uno más en esta lamentable narrativa. Su padre, Humberto del Bosque Gutiérrez, dejó su carrera como abogado y empresario para buscar justicia, enfrentando un sistema que ha dejado mucho que desear.
Más de una década más tarde, se logró dictar sentencia contra los oficiales de la Marina involucrados en la desaparición de Armando, un avance significativo en un país donde la impunidad ronda el 98%. Humberto ha recibido apoyo de comités de derechos humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, elementos cruciales en su lucha.
Alejandra Ortiz, activista del colectivo «Todxs somos Jorge y Javier», subraya que la guerra contra el narcotráfico ha dejado cicatrices profundas en la juventud mexicana. Su colectivo sostiene que «sin memoria no hay justicia, y sin justicia no hay paz», recordando la importancia de mantener viva la historia para evitar que se repita.
Pese a los avances logrados, los obstáculos persisten, con sentencias que a menudo solo alcanzan a los perpetradores de menor rango. Las familias de Jorge, Javier y Armando siguen exigiendo sus derechos ante un sistema judicial que enfrenta enormes retos al tratar con elementos de las Fuerzas Armadas implicados en violaciones de derechos humanos. En su camino por la justicia, han encontrado la fuerza para persistir, desafiando la indiferencia y la negligencia del Estado.
